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El reciente aval del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, a cargo de la Cámara de Diputados, representa más que una cifra, es una señal de que México apuesta por una mayor inversión social, mecanismos de control más claros y un uso más enfocado del gasto público; con un monto estimado en torno a los 10.1 billones de pesos, que implica un aumento del 5.9 por ciento en relación al ejercicio del presente año, abre la oportunidad de que los recursos entren en acción bajo la lógica de eficacia y responsabilidad. Es cierto que hay retos importantes pero también prioridades, y es ahí donde se ha centrado esta propuesta del Gobierno Federal, sobre todo lo que se refiere al fortalecimiento de los programas sociales, hoy con la incorporación de las becas a estudiantes de educación básica.
El presupuesto del próximo año contempla aumentos significativos en algunos rubros clave, como a la Secretaría de Energía, prácticamente se duplica, con una variación aproximada del 93.4 % respecto al año anterior. En el rubro de programas sociales, en el ramo de Bienestar, se proyecta con un aumento del orden del 16.3 % frente al año 2025. Este conjunto de incrementos permite afirmar que el presupuesto está encaminado a reforzar infraestructura energética, fortalecer la coordinación federal-local y mantener la visión de apoyo social. Esto último continúa sentando las bases de esa visión de gobierno que tiene la Cuarta Transformación, y donde a pesar de que se pueden criticar muchas decisiones, creo que estos apoyos sociales son “la joya de la corona” en cuanto a políticas públicas. Educación habrá de recibir más de 10 mil millones de pesos más en su presupuesto, un temas que también es importante para las familias mexicanas.
Como bien se dice, “es la misma cobija”, por lo que cuando existen aumentos en un rubro, tiene que haber recortes en otros, como en el caso del Poder Judicial, que tendrá más de 14 mil millones de pesos menos, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también deberán hacer algunos ajustes a la baja, dado que serán las áreas que recibirán menos recursos para el 2026. Me parece que en el caso del INE es totalmente justificado dado que el próximo año no habrá proceso electoral, por lo que sería innecesario mantener una asignación presupuestal alta, quizá para el 2027 sí será importante que cuenten con los recursos necesarios para la elección federal; además también habrá que esperar que es lo que ocurre con las reforma electoral, pues de aprobarse podría también determinar el futuro administrativo del “árbitro” electoral.
La aprobación del PEF 2026 se acompaña de elementos institucionales que aportan a la confianza, el proyecto indica que las dependencias y entidades se sujetarán a los marcos de control presupuestario y evaluación de desempeño. Además, se reconoce el entorno fiscal con previsiones de que el ejercicio del gasto no comprometerá la estabilidad macroeconómica ni la trayectoria sostenible de la deuda; estos signos indican que, más allá del monto, el marco normativo y la transparencia están al centro del discurso presupuestario. A pesar de que se han desaparecido los organismos de transparencia, a los mexicanos no nos queda más que confiar en que los recursos se revisarán con “lupa” para evitar actos de corrupción.
En otros años es una costumbre que los legisladores federales busquen una mayor asignación para nuestra entidad, pero ya lo dijo el gobernador, Esteban Villegas, se trata de un presupuesto “centralista” por lo que la participación de los diputados no iba a cambiar en nada la propuesta del PEF 2026, sobre todo en torno a la asignación para Durango. Esto habla también de la confianza que el Ejecutivo Estatal le tiene a la visión de Claudia Sheinbaum, lo que fortalece la relación institucional.