Exhorta SNA a estados aplicar ley general 3 de 3

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En lo que fue su segunda sesión ordinaria, el SNA exhortó a los Congresos de las entidades para que no emitan leyes locales de Responsabilidades, por el contrario, apliquen la legislación general, a través de una recomendación “no vinculante”.

“En alguna entidad federativa, se calificará como no grave alguna situación de responsabilidad si no hubiera una inhabilitación, que en otros estados el mismo delito fuera clasificado de esta manera”, explicó Portal Martínez.

El comité también aceptó que se suspenda la obligación de presentar la Declaración Patrimonial, en tanto no se apruebe un formato específico en la nueva Ley de Responsabilidades.

Mientras no haya formatos, no se obligará a realizar Declaraciones Patrimoniales, aunque la ley establece el 19 de julio como fecha vigente de este ordenamiento.

A dos semanas de que se cumpla el plazo para la instalación de los Sistemas Locales Anticorrupción, el SNA hizo un llamado a los 32 Congresos locales a cumplir con los plazos que marca la Constitución y fijó como fecha límite el 19 de julio para tenerlos listos.

Por unanimidad, los integrantes del Comité Coordinador aprobaron la creación de un mecanismo de seguimiento a los procesos de designación de los integrantes de los Sistemas Locales.

Así como una metodología para elegir a los titulares de los Órganos Internos de Control de la administración pública federal, para lo cual la titular de la SFP propuso crear un grupo estratégico y uno técnico.

Por otro lado, el Comité Coordinador del SNA aceptó también la propuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que los jueces locales sean nombrados bajo el mismo mecanismo de elección de jueces de distrito y magistrados de circuito.

Alfonso Pérez Daza, representante del CJF, detalló que realizarán exámenes públicos en tres etapas: de conocimientos, de presentación de proyectos y examen oral de oposición.

Asimismo, el comité aceptó apegarse a la Matriz de Casos de Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de establecer el criterio que se utilizará para determinar los casos graves o prioritarios de corrupción.