Se da por sentado que se afecta el derecho humano o garantía individual a la libre circulación de los habitantes mexicanos, y, por supuesto, también se da por entendido el caos, malestar, frustración y desesperación que estos actos provocan.
¿Quién gana cuando son los miembros de la sociedad quienes se enfrentan entre si? Piense mal y acertará.
Tenemos ya varias semanas en el país con un problema crónico, como dicen los galenos: para protestar ya la única ocurrencia que está de moda es tomar vías de comunicación: carreteras, calles, lo que sea, eso no importa, lo que si tiene trascendencia es joderle a la gente corriente y común su existencia. Hemos visto en los medios de comunicación y las redes sociales las tragedias personales de aquéllos que quedaron atrapados en esta sin razón y que van desde los que pasaron casi una semana en un vehículo, sin comida, agua ni siquiera donde hacer sus necesidades fisiológicas más elementales, hasta los enfermos que dejaron de observar sus terapias prescritas y consumir medicamentos recetados con la consecuente puesta en peligro real de su vida o su salud, pasando, por supuesto, por las pérdidas multimillonarias económicas que ocasionan estos bloqueos carreteros a los empresarios.
Y todo esto parece que a nadie le importa, porque siempre han reaccionado mis tres neuronas útiles con esta pregunta: ¿ustedes creen que en realidad nuestras autoridades se les va el sueño por estas ilícitas conductas? Yo les aseguro que de ninguna forma, pues las ganas de dormir no se les atrasa ni siquiera un minuto.
Más allá de que estos sucesos dan cuenta precisa de un estado de ingobernabilidad y también de violación de derechos humanos a personas inocentes, estas formas de manifestarse provocan diversas consecuencias económicas: detrimentos millonarios, puesto que el flujo de mercancías se detiene, generando pérdidas cuantiosas para empresas y todos los sectores productivos; se afecta la cadena de suministro, ya que se paraliza el traslado de insumos, materia prima y productos terminados, lo que provoca escasez, retrasos en la producción, incumplimiento de contratos y aumentos en los costos para los consumidores finales; y, además, se origina una inestabilidad para la inversión, pues se deteriora el clima propicio para ésta y la confianza de los inversionistas decae, pues se percibe un alto riesgo y un ambiente inestable para operar en el país.
Las consecuencias sociales y de movilidad tampoco son menores, como comenzamos a esbozar: riesgos vitales en emergencias, debido a que vehículos que trasladan a pacientes pueden enfrentar retrasos críticos que ponen en peligro la vida de muchos sujetos con necesidad de atención médica urgente; se dificulta el acceso a servicios, ya que se impide o dificulta el transporte de medicamentos, medicinas y combustibles a diferentes lugares, por citar los más sensibles.
