Texas busca acelerar las ejecuciones

Texas busca la aprobación del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, para que se le permita hacer uso de una ley federal que reduciría el proceso de la apelación para los sentenciados a muerte, permitiendo que el Estado ejecute a los presos más rápido.

Sin embargo, los opositores argumentan que aumentará el riesgo de que personas inocentes sean ejecutadas.

La ley federal que Texas busca utilizar se remonta a la Ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva de 1996, que permite a los estados frenar las apelaciones federales en casos de pena de muerte.

Sessions recientemente exhortó a Texas y Arizona el tramitar la certificación, los dos únicos estados que previamente mostraron interés.

Si Sessions aprueba sus propuestas, reduciría la cantidad de tiempo que los abogados tienen para investigar los casos de apelación a la mitad, según el periódico.

Los abogados solo tendrían seis meses para entrevistar a los testigos, contratar investigadores y prepararse para un caso que podría tener décadas de antigüedad con evidencia faltante o insuficiente.

La reducción del tiempo para los procesos de apelación federal podría conducir a errores de vida o muerte y a un "mayor riesgo de que errores constitucionales serios permanezcan sin corregir", refirió Olson-Gault.

También impondría restricciones a las suspensiones de la ejecución que los jueces podrían otorgar y al número de veces que un preso puede presentar demandas en sus procedimientos federales.

La Oficina del Procurador General de Texas dijo que optar por la ley de 1996 aceleraría el tedioso proceso.

Texas también pide que la ley federal que reduce las apelaciones se aplique de forma retroactiva a los casos actuales de pena de muerte, amenazando a las apelaciones en curso en los casos de pena capital.

La solicitud de Texas ha desencadenado una demanda federal y cientos de páginas de comentarios de una amplia coalición de partes interesadas, incluidas la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y la Asociación Estadunidense de Abogados (ABA).

“Esta opción aceleraría la aplicación de la pena de muerte exponencialmente", apuntó al Houston Chronicle Kathryn Kase, abogada defensora y exdirectora ejecutiva de Texas Defender Services, un servicio de defensoría altruista.

No está claro cuándo Sessions decidirá sobre la aplicación, informó el rotativo. El procurador general ha sido un firme defensor de la pena de muerte y ha abogado por las ejecuciones de narcotraficantes.