La idea liberal se funda, entre otras cosas, en promover la iniciativa de los individuos. Como lo han mostrado no solamente una fila enorme de grandes filósofos políticos sino la experiencia humana, sin respeto a la propiedad privada no puede desplegarse la iniciativa individual o colectiva de los seres humanos. La gran lección del liberalismo es que sin libertad económica, las otras libertades - políticas, legales, sociales - no pueden ser efectivas.

Muchos gobiernos lamentablemente no parecen haber aprendido que su papel no debe ser intervenir en procesos de mercado donde son sus participantes quienes saben mejor qué hacer

Este parece ser el caso en lo que se refiere a la propuesta gubernamental sobre la propiedad del agua en el sector agropecuario. En efecto, el proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo para reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la Ley General del Agua (LGA) propone restar iniciativa a personas dedicadas a la salvaguarda y el desarrollo del vital líquido. Mientras la primera es Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, que tiene que ver con usos productivos del agua, la segunda lo es del artículo cuarto constitucional, que se relaciona con los derechos humanos de acceso al agua. Vistas en su conjunto se podría argumentar que estas buscan cambiar el régimen institucional del agua en nuestro país.

En lo que se refiere a la nueva Ley General de Aguas que propone el Ejecutivo se podría entender como un esquema de tutela de los dueños de activos acuíferos. Se propone que el modelo de autogestión de usuarios se convierta en un paradigma de centralización administrativa. Con esta nueva Ley se pasaría de la participación social autónoma al control político del gobierno. Nada de esto es una buena idea. Actualmente, por ejemplo, los productores y asociaciones de riego obtienen concesiones que les dan certeza y oportunidad de planear para el futuro. Esto se piensa reemplazar por autorizaciones temporales que otorgaría el gobierno y que además podrían ser modificadas cada año. Hay entonces el peligro de que los permisos concedidos queden sujetos al vaivén político. Otro punto negativo es que se propone que los dueños de los recursos de agua ya no tengan derechos permanentes ni heredables, como lo tienen hasta ahora. El traspaso de estos derechos se decidirá en oficinas burocráticas. A raíz de estas y otras medidas, los productores podrían perder liquidez y, sobre todo, acceso al crédito, lo cual constituiría una tragedia para muchos. Existe el riesgo también de que módulos de riego, como los de Chihuahua, desaparezcan y puedan ser sustituidos por comités y consejos controlados por la administración pública.

A todo esto hay que agregar la intención más bien punitiva de agregar penalidades para quienes son dueños de propiedades hídricas.

Pareciera que las autoridades no ven en los dueños y productores a aliados en la gran lucha por gestionar el agua del país para beneficio de todos, sino más bien como sujetos de ser controlados y, en su caso, castigados.

Será tarea del Legislador revisar las reformas propuestas y sugerir cambios necesarios, siempre tomando en cuenta el interés y la autonomía de propietarios y productores de recursos acuíferos.