Lo preocupante es que, en la mayoría de los municipios del país, esos planes no se actualizan o simplemente no existen, mientras las decisiones sobre el territorio se toman cada día, sin rumbo, sin criterios ambientales y sin escuchar a quienes lo habitan.
Cuántos de nosotros hemos leído el programa de desarrollo urbano del municipio o la alcaldía donde vivimos? Muy pocos, quizás casi nadie. Y sin embargo, en esos documentos —cuando existen— se decide buena parte de nuestro futuro: cómo crecen las ciudades, qué suelo se urbaniza, qué se conserva y qué se destruye.
La planeación territorial no es un trámite técnico ni una aspiración de especialistas: es el acto político más relevante de cualquier sociedad. Planear es decidir cómo queremos vivir, dónde producir, qué preservar y qué dejar como herencia a las siguientes generaciones. Pero en México, esa tarea fundamental se ha vuelto un ejercicio de oficina: planes hechos lejos del territorio, llenos de diagnósticos impersonales, sin el conocimiento que solo se obtiene en campo, recorriendo los lugares, escuchando a la gente y entendiendo las condiciones reales. La planeación que no pisa el territorio está condenada a repetir errores.
El geógrafo David Harvey sostenía que el espacio es un producto social, una huella visible de las relaciones de poder y desigualdad. Milton Santos recordaba que el territorio no es un soporte inerte, sino una trama de acciones humanas que le dan sentido. Planear, entonces, no consiste en ordenar polígonos ni llenar bases de datos: es comprender cómo la vida ocurre dentro de ellos y qué equilibrio queremos construir entre naturaleza y sociedad.
En América Latina, pensadores como Jordi Borja, Enrique Ortiz y Gustavo Garza han coincidido en que la planeación debe ser profundamente social. Borja hablaba del derecho a la ciudad como la posibilidad de decidir sobre su destino. Ortiz demostró que las soluciones comunitarias, nacidas del trabajo en campo, son más sostenibles que las impuestas desde arriba. Garza reveló que toda política territorial debe reconocer las dinámicas económicas que generan desigualdad. En conjunto, su pensamiento recuerda que planear no es imponer: es acordar.
Pero así como la ciudad ha tenido sus grandes urbanistas, el territorio también ha tenido sus voces ambientales. Julia Carabias ha defendido por décadas una visión de desarrollo equilibrado, donde las decisiones productivas se ajusten a los límites ecológicos. Pedro Álvarez Icaza, desde la gestión ambiental pública, ha recordado que no puede hablarse de planeación sin entender la estructura de los ecosistemas y los servicios que sostienen la vida. Ambos coinciden en que no existe política territorial viable sin suelo ecológicamente viable.
Antes de decidir dónde construir, hay que responder dónde no hacerlo. Esa es la esencia del ordenamiento ecológico: identificar, con base en evidencia, las zonas que deben conservarse, restaurarse o aprovecharse bajo criterios claros. Lo urbano y lo ambiental no pueden competir; deben caminar juntos. Lo ecológico no es un obstáculo para el desarrollo: es su brújula.
Una planeación con sentido requiere tres pasos inseparables: diagnosticar, dialogar y actuar. Diagnosticar implica recorrer el territorio, levantar información y reconocer sus aptitudes. Los modelos de aptitud territorial, que cruzan variables ecológicas, sociales y económicas, solo tienen valor si se validan en campo. Dialogar es abrir procesos reales de participación, no simulaciones: incluir a comunidades, gobiernos, academia y sectores productivos para construir acuerdos duraderos. Actuar es traducir esos consensos en proyectos tangibles, medibles y evaluables, con metas a corto y mediano plazo que generen confianza social.
América Latina ofrece lecciones de cómo hacerlo bien. Medellín transformó su estructura urbana a partir de proyectos que nacieron en asambleas vecinales y no en despachos. Curitiba articuló movilidad, medio ambiente y crecimiento urbano mediante una planeación flexible, capaz de corregirse con el tiempo. En México, la cooperativa indígena Yomol A’tel, en la región tzeltal de Chiapas, demuestra que se puede planear desde lo local, combinando producción, conservación y cohesión comunitaria. Son ejemplos donde la planeación no se redacta, se vive.
La educación juega un papel crucial en todo esto. Los libros de texto deberían enseñar desde la infancia qué significan el suelo, el agua o el bosque; por qué un río no es una línea azul ni una ladera un espacio disponible. Las niñas y los niños deben aprender que el territorio es finito, que su cuidado exige conocimiento y responsabilidad. Una educación territorial temprana formaría generaciones críticas, capaces de leer su entorno y de exigir decisiones coherentes con la realidad. Sin educación ambiental, no hay planeación con futuro.
Los planes también deben ser flexibles y adaptativos. Ningún diagnóstico es definitivo: las condiciones sociales, económicas y ecológicas cambian. Los instrumentos de planeación deben poder ajustarse, corregirse y aprender del territorio. La verdadera planeación no se mide por la perfección del documento, sino por su capacidad de evolucionar.
En ese proceso, los Institutos Municipales de Planeación pueden desempeñar un papel clave. Si se les dota de autonomía técnica, presupuesto y participación social, pueden garantizar continuidad, evaluación y transparencia. No son oficinas de trámite: son los guardianes del territorio y de la memoria institucional.
México no puede seguir planificando desde el mapa. Es momento de recuperar la presencia en el territorio, de volver a mirar el suelo con humildad y sentido común. Si no incorporamos una visión ambiental seria, si no diagnosticamos desde el campo, si no educamos a las nuevas generaciones con conciencia territorial, seguiremos administrando el desorden.
El futuro de México se juega en su territorio: o aprendemos a leerlo antes de transformarlo, o el territorio terminará leyéndonos a nosotros, a través de sus crisis, sus sequías y sus fronteras rotas. El tiempo para corregir el rumbo no es mañana. Es hoy.
