Durante casi una hora, la conversación giró en torno a un tema que, si bien es relevante, resultó ser un falso dilema: la regulación de las redes sociales como si fuera el mayor problema de la comunicación nacional. Al menos eso parecía ser el centro del asunto. Villamil expuso con claridad y en extenso la complejidad técnica y política de regular internet, un punto en el que —por cierto— existe consenso generalizado y mundial. Es decir, todo mundo sabe que eso es prácticamente imposible. Aunque sl final del programa señalo que para él la solución sería “hacer un Frente contra el Algoritmo”. Sí es cierto. Lo dijo. 

Vale la pena recordar un dato fundamental que no se puede ni debe ocultar: en México, cerca de la mitad de la población no tiene acceso fluido ni gratuito a internet. Millones de personas dependen aún de la radio y la televisión como su principal —y en muchos casos única— fuente de información. Esto los concesionarios lo saben muy bien. En este contexto, centrar el debate sobre la falta de comunicación e información confiable en nuestro país en las redes sociales, por más complejas que sean, implica escamotear el problema estructural: los concesionarios privados de medios de comunicación tradicionales gozan de una libertad casi absoluta para informar y mentir sin rendir cuentas claras a nadie.

La ley que, en teoría, protege a las audiencias, en realidad no lo hace en la práctica. Ya se ha explicado con amplitud en estas páginas que el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece el derecho a recibir información veraz y a que se diferencie la noticia de la opinión. Pero en los hechos, esos derechos son letra muerta. Televisa, TV Azteca y otros grupos mediáticos operan como feudos privados, utilizando un bien público —el espectro radioeléctrico— sin contrapesos reales ni obligaciones de ningún tipo.

Si revisamos los objetivos de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para 2025, encontramos metas loables en materia de simplificación administrativa, ciberseguridad y conectividad en clínicas. Pero brillan por su ausencia los mecanismos para sancionar a quienes, usando la vía pública, siembran desinformación. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de hacer efectivo el derecho de las audiencias a una información mínimamente confiable.

En tiempos de campañas electorales, el riesgo es y será aún mayor. La desinformación no solo se combate con algoritmos o con llamados a la conciencia individual; se combate con reglas claras para quienes tienen la concesión de un bien público. Mientras el debate se centre en lo inabordable, los verdaderos beneficiarios seguirán siendo los mismos: los grandes corporativos que, una vez más, celebran que la discusión se mantenga en el lugar equivocado.

Al final, el espectador se queda con la sensación de que se habló mucho de un problema menor para no enfrentar el verdadero. Y las audiencias, como siempre, seguimos esperando respuestas y la acción de un Estado que, por alguna razón casi indescifrable, se ha negado una vez más a entrar al verdadero problema de la comunicación nacional: la impunidad de los concesionarios privados de la radiodifusión. Increíble, pero cierto.