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Como presidente de la Corte (2019-2022), Arturo Zaldívar se negó a proponer un cambio a la Constitución en materia judicial que habría dotado de mayor independencia y autonomía al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y con ello, a magistrados y jueces de ese ámbito.
“No puedo hacer eso, porque perdería poder”, respondió a representantes del entonces presidente López Obrador que -según confirmaron fuentes a este espacio- le plantearon incluir en el proyecto de reforma que haría público en febrero de 2020, que la cabeza de la Corte no lo fuera de la Judicatura, como sigue ocurriendo hasta hoy.
En mayo pasado, él y su colaborador Carlos Alpízar, secretario general del CJF, fueron señalados de influir en resoluciones judiciales. En uno de los audios dados a conocer, el magistrado Alberto Roldán se dijo presionado por Alpízar en 2020 para favorecer a colaboradores de Miguel Ángel Osorio Chong -secretario de Gobernación bajo Peña Nieto-, acusados de un fraude por 2,500 millones de pesos. Quedó claro qué tipo de poder quería mantener Zaldívar sobre el Consejo.
En agosto de 2021 la Corte declaró inconstitucional una reforma aprobada por el Senado en abril previo que habría permitido extender el mandato de Zaldívar hasta el presente diciembre de 2024. El sólo se excusó cuando estaba a la vista la resolución del pleno contra esa aberración jurídica, atribuida a Palacio con la aparente complacencia del entonces ministro presidente.
En agosto de 2018, un año antes de que Zaldívar se pusiera al frente del máximo tribunal, el CJF reveló en un documento que más de la mitad de los jueces y magistrados tenían parientes dentro del Poder Judicial Federal. La cifra debía compararse con el 14% que registraba en esta materia el Tribunal de Cuentas de España, o el 8% en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Antes de aquella fecha, en julio de 2017, reportes periodísticos habían revelado ya un estudio similar del consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada: familiares de al menos 500 jueces y magistrados federales ocupaban plazas en tribunales y juzgados de su adscripción. Esposas, parejas, hijos, hermanos o padres de los juzgadores se beneficiaban de ese nepotismo.
Enterado de todo ello antes de asumir la presidencia de la Corte, durante los cuatro años de su encomienda Zaldívar nada hizo para cambiar tal estado de cosas. Presentó el tema del nepotismo únicamente tras renunciar en noviembre de 2023, cuando su sumisión a Palacio le impuso en el pleno el carácter de apestado.
Actual subordinado del gobierno Sheinbaum -presumiblemente por gestiones del expresidente López Obrador-, Zaldívar ha venido declarando que la ministra Norma Piña ha sido “la peor” presidenta en la historia de la Corte. Sin embargo, él parece reunir, con creces, los méritos para ostentar tal condición. Y nadie le podría disputar ser el exministro con la peor reputación. Más lo que se acumule.
Apuntes: Tras ser relegado a una minúscula oficina en Palacio, sin más personal que una secretaria, el exvocero presidencial, Jesús Ramírez, se aprestaba a abandonar su cargo de “jefe de asesores” de Claudia Sheinbaum para irse en enero a otro equipo. Pero en semanas recientes cobró mayor presencia en el círculo de la mandataria, con injerencia en temas de comunicación. Ello supone una lamentable coincidencia: se cumplen dos años del intento de asesinato contra el periodista Ciro Gómez Leyva, frecuente objeto de linchamiento público durante las mañaneras del pasado gobierno, orquestadas por Ramírez Cuevas. Por otra parte, acaba de generarse una sentencia -tardía, pero definitiva- en favor de otro periodista, Raymundo Riva Palacio, que buscó amparo de la justicia contra agravios recurrentes durante las mismas mañaneras, en particular en la sección que condujo por más de tres años Ana García, paria de la política poblana erigida por el propio Ramírez en una parodia de inquisidora de medios de comunicación e informadores.