Las elecciones judiciales federales y en 17 entidades avanzan con múltiples fallas, con evidencias palpables de los sesgos que favorecen a las candidaturas del oficialismo.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
La reforma impuesta por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum dista mucho de querer acercar la justicia al pueblo y garantizar la independencia del Poder Judicial; todo lo contrario, pretende la grotesca imposición de una presidencia sin contrapesos y la consecuente instauración de la república monocolor de un solo poder.
En los hechos, el Poder Legislativo, desde el sexenio pasado, regresó a ser una caja de resonancia, una oficialía de partes que recibe las decisiones del Poder Ejecutivo, para convertirlas en reformas constitucionales y legales que paulatinamente destrozan los avances democráticos de las últimas décadas. Algunas pruebas están en la propia reforma judicial y sus efectos, en la desaparición de diversos órganos autónomos y en la apropiación de instituciones clave del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la mayoría cómplice del Tribunal Electoral.
La decisión reciente de la Presidenta de la República de no invitar a Norma Piña al evento conmemorativo del 108 aniversario de nuestra Constitución también indica la animosidad y los propósitos de la 4T. No significa la simple exclusión de una Ministra histórica, pero incómoda al régimen, se trata de la exclusión del Poder Judicial en un acto republicano que cada año nos recuerda que la carta magna es la síntesis de los acuerdos que en 108 años le han dado fisonomía al Estado y permiten que todas y todos los mexicanos podamos convivir en democracia con independencia de convicciones ideológicas y políticas. No es un acto cívico del gobierno y sus corifeos sino de todas y todos los mexicanos y las instituciones que nos representan.
Los contenidos de la reforma, su implementación, diversas sentencias del Tribunal Electoral y algunas acciones del INE, ratifican lo que otras voces ya han mencionado, en el régimen actual un Poder Judicial independiente no tiene cabida. Tampoco la tienen los poderes judiciales estatales, donde la imposición de perfiles afines a los gobiernos morenistas será aún más grotesca. Hubiera sido mejor que la Presidenta no diera explicación en la mañanera sobre la no invitación a la Presidenta de la Corte que lo único que ha hecho es cumplir con su deber constitucional.
La Constitución dejó de ser la expresión de los pactos políticos de todas las fuerzas que representan a la sociedad para convertirse en el texto escrito por una sola fuerza política, lleno de contradicciones, normas y procedimientos tan excesivos como mal redactados. Como muestra están las 60 modificaciones y adiciones impulsadas por la Presidenta en los cuatro meses de su gobierno que perfilan un Poder Ejecutivo sin equilibrios ni contrapesos. Ya no hay legislativo y muy pronto el judicial desaparecerá o se convertirá en comparsa del Ejecutivo.
La reforma electoral será el siguiente eslabón en la conformación de la nueva autocracia con una Presidencia poderosa, que no tendrá límites para concretar los cambios que requiera su proyecto, mientras la oposición brilla por su ausencia y desaparece cuando no hay periodos legislativos y, cuando los hay, es testimonial ante la insuficiencia de votos para contrarrestar los constantes abusos del poder que imponen las mayorías actuales. Al país le urge generar nuevos esquemas que revisen y equilibren el ejercicio del poder político.
