Sin embargo, aunque la Nación es la propietaria, la administración, regulación, control y protección de dichas aguas recae en el Ejecutivo Federal, quien ejerce estas funciones principalmente a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Esta regulación legal se antoja violatoria del Derecho Humano a la Propiedad en cualquier país democrático – capitalista, bajo la lupa que se le quiera ver.
En México, la propiedad de las aguas nacionales corresponde originalmente a la Nación. Esto está establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dicta que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”
Esta disposición de nuestra Carta Magna, desde el punto de vista normativo, trata de la misma manera al derecho de propiedad que ejercen los particulares sobre las tierras y el que detentan sobre las aguas, existiendo un paralelismo legal idéntico, siendo ambas prerrogativas consideradas como Derechos Humanos o Fundamentales.
En días recientes, se aprobó una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, específicamente sobre cómo los particulares transmiten los derechos sobre la explotación de aguas a otros, y el cambio fundamental consiste en prohibir o restringir severamente la transferencia de títulos de concesión entre particulares, pues anteriormente (bajo la Ley de Aguas Nacionales de 1992), si un titular de una concesión no utilizaba toda el agua o decidía cederla, podía transmitir esos derechos a otro particular (venderlos o cederlos), a menudo con poca intervención real del Estado. Esto creó un mercado donde el agua se trataba como una mercancía.
Ahora la reforma mencionada establece que el agua es un bien de la Nación y un derecho humano, no una mercancía. Por lo tanto, se prohíbe que los particulares comercien con las concesiones. Si un particular (una empresa, industria o agricultor) tiene una concesión y no utiliza el volumen total de agua asignado, ya no puede vender ese excedente a otro particular. Ese volumen no utilizado debe ser devuelto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que el Estado decida su reasignación, dando prioridad al consumo humano y doméstico.
También esta reforma establece una transmisión condicionada y regulada de los derechos sobre aguas nacionales, pues cualquier cambio de titularidad se vuelve mucho más estricto y sujeto al criterio subjetivo (así creemos) de las autoridades. La idea es que la concesión se otorga para un uso específico y a una persona (física o moral) específica. Si esa persona ya no la usa, la concesión caduca o retorna al Estado, en lugar de ser un activo transferible.
En resumen, la reforma elimina la libertad que tenían los concesionarios para actuar como “dueños” del agua al transferirla a terceros, reafirmando que solo son usuarios temporales y que, si dejan de usarla por cualquier causa (como pudiera ser el fallecimiento de una persona o la venta o transmisión de una empresa o negocio que utilice este recurso hídrico), el recurso regresa al control directo de la Nación.
