El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no solo es un golpe para el gobierno de Claudia Sheinbaum al que le habían pedido ayuda para combatir la delincuencia; es una estocada para la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla a quien los propios ciudadanos acusan de solapar a las bandas criminales. Cosa de ver cómo abuchearon al mandatario morenista al salir del funeral del edil independiente, los insultos fueron desde “hipócrita”, “asesino”, “mentiroso” hasta una serie de improperios. Se suponía que el edil debía estar en máximo resguardo de las autoridades estatales y federales para evitar un atentado en su contra.

En Uruapan, en medio de gritos de “¡Fuera asesino!” al gobernador, Grecia Itzel Ortiz —viuda de Carlos Alberto Manzo— prometió que “la sombreriza” seguirá en las calles porque, dijo, la ciudadanía ya está harta de la violencia. El asesinato del alcalde el 1 de noviembre desnuda otra vez lo esencial: el gobierno llegó tarde, no protegió a quien denunció a la delincuencia y hoy pretende responder con homenajes y gabinetes de seguridad lo que no pudo garantizar en vida —lo mínimo: seguridad para un presidente municipal y para una ciudad que se organiza sola ante la ausencia del Estado

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Aunque Carlos Manzo pidió en repetidas ocasiones más tropas del Ejército, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, afirmó que el alcalde tenía escolta desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025, con 14 elementos de la Guardia Nacional y dos vehículos de la Defensa; aun así lo asesinaron entre el tumulto del Festival de las Velas.

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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, ofreció “profundizar la cooperación” para erradicar al crimen organizado a ambos lados de la frontera; el mensaje exhibe la fragilidad del Estado mexicano: el edil tenía resguardo con 14 elementos de la Guardia Nacional y aun así lo mataron en un acto público. Washington se dice listo; aquí, el gobierno llega tarde y responde con discursos.

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Lo que comenzó como una marcha pacífica terminó en la irrupción al Palacio de Gobierno: un grupo de manifestantes entró al inmueble, rompió cristales, dañó mobiliario y pintó consignas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El cerco de seguridad falló y la protesta se desbordó sin que la autoridad contuviera a tiempo los destrozos; al cierre, el gobierno estatal no ofrecía un balance claro de daños ni explicaba su actuación.

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El Gobierno de la Ciudad de México autorizó el alza de tarifas del transporte público desde el 31 de octubre —microbuses y vagonetas, de 7.50 a 9 pesos; autobuses, 8.50 a 9.50 pesos— y, aun así, su propio secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, admitió que el aumento “no necesariamente” mejorará el servicio. Anunció multas de cinco mil a 60 mil pesos para quien cobre de más o no exhiba las nuevas calcomanías. Pero el dato que desnuda la política pública es otro: de las 17 mil unidades con nueva tarifa, dos mil 500 ya cumplieron su vida útil y siguen circulando. ¿Y así quieren verse bien en el Mundial?

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Por cierto, en la “Mega Rodada del Terror”, la SSC remitió 511 motocicletas a depósitos y detuvo a un hombre que agredió a un policía en Paseo de la Reforma. Hubo arrancones, interrupciones en las avenidas y conductores sin casco en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Coyoacán. Pese al operativo —que no se notó en casi ningún lugar de la capital— el caos se impuso en más de 30 puntos convocados en redes: la autoridad presume aseguramientos, pero llega tarde, reactiva y sin controles efectivos para evitar que las avenidas se conviertan en pista de acrobacias. Y ya sabían que eso iba a ocurrir.