por René Gerez López
El 2024 no fue la excepción: las violencias siguen siendo múltiples, los actores que las ejercen aumentan y las víctimas nos acostumbramos a esta realidad que parece inalterable.
@gerezcong
La velocidad y cotidianidad con la que suceden crímenes atroces en nuestro país hace que mucha realidad pase desapercibida, ignorada, minimizada. Cadáveres descuartizados en maletas y bolsas de basura con restos humanos son solo un par de ejemplos que resultan habituales para las y los mexicanos.
Un esfuerzo encaminado a humanizar la violencia y recuperar nuestra capacidad de indignación ante estas escenas habituales es el que realiza Causa en Común a través de su informe “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”. En este trabajo, la organización recopila mensualmente notas periodísticas que documentan esta realidad violenta que habita en nuestros barrios, colonias y ciudades.
Causa en Común presentó una actualización con el registro de las atrocidades cometidas entre enero y diciembre de 2024. En dicho periodo se contabilizaron 4,001 notas periodísticas que documentan al menos 4,708 atrocidades y un total de 8,960 víctimas. Las atrocidades con mayor impacto fueron los asesinatos con tortura, con al menos 1,186 casos; la mutilación, descuartizamiento y destrucción de al menos 652 cadáveres; el asesinato de al menos 505 mujeres con crueldad extrema; y la comisión de al menos 442 masacres. Entre estas últimas destaca la ocurrida en Chilchota, Michoacán, el 14 de marzo, donde las autoridades localizaron los cadáveres de siete hombres que presentaban huellas de violencia, heridas de bala y dos de ellos decapitados.
Asimismo, el 2024 destacó entre los informes de Causa en Común por registrar uno de los números más altos de actos violentos contra la autoridad (296), asesinatos de funcionarios y actores relevantes en materia de seguridad (231) y asesinatos de actores políticos (66). Entre las atrocidades documentadas en estas categorías se encuentra el asesinato de Alfredo Giovanni, regidor en Morelos, quien fue asesinado en un gimnasio; el caso de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, asesinada durante un recorrido por colonias del municipio; Aníbal Zúñiga, candidato del PRI a la presidencia municipal en Acapulco, Guerrero, quien fue localizado sin vida junto al cadáver de su esposa al interior de un vehículo; y Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuya cabeza decapitada fue encontrada en el toldo de una camioneta.
Otras atrocidades que registraron cifras alarmantes fueron el asesinato de niñas, niños y adolescentes (224 casos), así como el de mujeres con crueldad extrema (505 casos). Las cifras son preocupantes; sin embargo, al analizar la violencia con la que se cometen estos crímenes, se evidencia un problema aún mayor. Ejemplos que ilustran esta realidad incluyen el caso del 15 de enero, cuando un padre asesinó con un machete a su hija de 13 años en Chiapas; el 15 de febrero, cuando las autoridades detuvieron a una pareja que transportaba dentro de una caja el cadáver de su hija, quien presentaba huellas de violencia y signos de abuso sexual; el 24 de junio, cuando un joven de 16 años fue extraído de su hogar, sometido y enterrado vivo en Coahuila; el 16 de agosto, cuando un hombre fue detenido tras asesinar a una mujer asfixiándola con un cable y prendiendo fuego a su cadáver en Jalisco; y el 13 de agosto, cuando un padre asesinó con los restos de una botella a su hija de 4 años y a su esposa en el Estado de México.
Estos datos no solo reflejan cifras alarmantes, sino una realidad que hemos comenzado a aceptar como parte del paisaje cotidiano. La acumulación de crímenes atroces y la indiferencia social e institucional frente a ellos evidencian un proceso de deshumanización progresiva. Nos estamos acostumbrando a la violencia extrema, a la impunidad y al dolor ajeno, como si fueran elementos inevitables de la vida en México. Pero no lo son. La verdadera tragedia radica en que, mientras los cuerpos se acumulan y las historias de horror se repiten, la respuesta del Estado es insuficiente y la sociedad corre el riesgo de perder la capacidad de indignarse. Romper con esta inercia implica no solo registrar estas atrocidades, sino exigir justicia, dignidad y acciones efectivas que frenen esta espiral de violencia que amenaza con definirnos como país.
