El extraño caso del general
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Ciudad de Mexico, 4 de abril de 2026
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No cedí a la exigencia de Estados Unidos de entregar a Rafael Caro Quintero. El asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, se cometió en México y en México debía ser juzgado, me dijo el entonces ya expresidente Miguel de la Madrid, director del Fondo de Cultura Económica en una plática sostenida en París. Y así ocurrió. Caro Quintero fue procesado y sentenciado por la justicia mexicana, preliberado casi treinta años después y hoy perseguido por la Fiscalía General de la República a petición del Departamento de Justicia norteamericano para su reencarcelamiento. En la administración de Miguel de la Madrid comenzaban las operaciones de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, para investigar, detener y enjuiciar a responsables, reales o inventados, de delitos contra la salud. El secretario de la Defensa de esa administración, general Juan José Arévalo Gardoqui, fue señalado como involucrado en actividades del narcotráfico, lo mismo que el secretario de Gobernación, Manuel Bartlet, quien hasta la fecha tiene vedada la entrada a la Unión Americana con el riesgo de ser detenido por delitos que desde entonces se le atribuyeron.
Fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se extendió la práctica de aprehender a personajes mexicanos, al tiempo que se llegaba a acuerdos para la extradición de jefes de bandas delincuenciales mexicanos aun cuando los delitos hayan sido cometidos en México. Con un engaño en el que cayó, Rubén Zuño fue aprehendido en Estados Unidos, acusado de haber vendido tiempo atrás la casa donde se cometió el crimen de Enrique Camarena. Sentenciado a cadena perpetua, condena que cumplía en una cárcel de San Antonio, Texas, murió hace varios años. Mejor suerte corrió el Dr. Humberto Álvarez Machain, detenido en Estados Unidos bajo la acusación de haber prestado atención médica a Camarena cuando era torturado antes de su muerte. Álvarez Machain fue devuelto a México por gestiones del gobierno de Salinas de Gortari. La permisividad de esas operaciones y de los procesos de la justicia norteamericana por parte de México ha sido prolongada desde entonces.
La devolución del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos y el retiro de las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, parecería algo similar a aquella negativa de Miguel de la Madrid, como un logro en defensa de la soberanía jurisdiccional de México. Pero la situación es muy distinta. La entrega del general Cienfuegos está rodeada de circunstancias que a falta de una explicación clara dan paso a la especulación. De nosotros se dicen tantas cosas que son ciertas, admitió con gran ingenio el escritor irlandés Oscar Wilde. Las conjeturas en torno a la devolución del general Cienfuegos tienen, todas, aspectos de verosimilitud ante el vacío de incertidumbre en torno al caso. La agencia Reuters afirma tener testimonios de un alto funcionario mexicano sobre un acuerdo que a cambio del exsecretario de la Defensa, México entregaría a un alto jefe de una banda del narcotráfico. Se especula también que el quid proquo habría sido una especie de pago adelantado del presidente Donald Trump por la negativa de su homólogo Andrés Manuel López Obrador a felicitar al candidato ganador en las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden. Hay quien piensa que la gestión diplomática para la devolución del general Cienfuegos es producto del malestar y el descontento del Ejército mexicano por la aprehensión del exsecretario con quien colaboraron buena parte de los altos mandos militares de la actualidad. Esta versión se confirmaría por lo tardío de la reacción del presidente López Obrador, quien en el primer momento de la detención del general, lejos de protestar por una ofensa a la soberanía del país, calificó la detención y el proceso iniciado como una muestra, dijo, de la descomposición del sistema en gobiernos anteriores.
En una cuestión que motivó el fino y exitoso trabajo diplomático de la cancillería mexicana que por primera vez doblegó la arrogancia y la prepotencia del aparato gubernamental norteamericano, queda sin embargo por dilucidar cuál es el precio que México ha pagado o debe pagar por lo recibido. En política y en la vida misma nada se da sin nada a cambio.
