El crimen organizado, en especial la extorsión, ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza sistémica que carcome el tejido productivo y la legitimidad institucional.
El acuerdo impulsa la armonización legislativa de los Estados con la LGPISDME, el fortalecimiento del número de denuncia 089 para esos delitos y la creación de áreas especializadas en fiscalías estatales para el combate al delito de extorsión.
El Informe Global de Crimen Organizado 2025 nos presenta un espejo que refleja la descomposición acelerada del Estado de Derecho en México. Este diagnóstico trasciende la dimensión puramente criminal: es una crisis de soberanía, de gobernanza y de nuestra arquitectura constitucional.
El informe subraya una realidad alarmante: la extorsión generalizada emana desde los grandes cárteles (CJNG, Cártel de Sinaloa) hasta los grupos oportunistas que se dicen parte de un cártel nacional o regional sin serlo. Es la imposición de una cuota criminal a la actividad económica, desde la agricultura (aguacate, pesca) hasta en los centros urbanos.
La impunidad se consolida gracias a la corrupción imperante. Esta combinación de antivalores merma la confianza en las instituciones y anula cualquier esfuerzo anticorrupción. La falta de denuncia, alimentada por el temor a represalias, es prueba de la falla estatal en garantizar orden, paz y protección a sus ciudadanos. El combate a la extorsión requiere de toda la confianza ciudadana en sus instituciones de prevención, persecución, procuración e impartición de justicia porque la vida de la víctima y su familia están en vilo ante la amenaza criminal del delincuente.
¿Por qué es relevante que hablemos de la extorsión? Porque los poderes Ejecutivo y Legislativo federales han puesto en marcha una estrategia nacional para enfrentar este delito. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión (LGPISDME) se complementó con el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión (ANCE), firmado recientemente por la presidenta Sheinbaum, el gabinete del ramo y las personas gobernadoras de las entidades federativas de la República.
La LGPISDME regula la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y establece que los estados de la Federación deberán diseñar e implementar estrategias para prevenir y combatir la extorsión. En teoría, esto busca coordinación y acciones concretas en cada nivel de gobierno, bajo lineamientos mínimos definidos por la Estrategia Nacional. Detalla cinco objetivos esenciales: Disuadir el delito mediante campañas permanentes de información; Reducir factores de riesgo que facilitan la extorsión; Proteger a potenciales víctimas; Generar inteligencia útil sobre patrones de operación y; Definir metas medibles para evaluar resultados y garantizar transparencia.
Además, cada estrategia debe partir de un diagnóstico realista: la Federación a nivel nacional y los estados en su contexto local. Esto suena bien en papel, pero plantea preguntas clave: ¿habrá capacidad técnica y recursos para cumplir estos objetivos? ¿Se logrará la coordinación entre autoridades federales y estatales? ¿Era necesario el ANCE o fue solo para calmar los reclamos ciudadanos a casusa de la extorsión?
La ley marca el rumbo, pero la eficacia dependerá de su implementación rigurosa, rendición de cuentas y voluntad política de otra manera la extorsión nos alcanzará a todos. Piense en la extorsión que proviene de los “montachoques” todos estamos expuestos.
