En la vida cotidiana, pocos servicios son tan omnipresentes como Google. Cada búsqueda, cada anuncio que vemos, cada video recomendado, pasa por sus algoritmos.
Universidad Iberoamericana
Según datos de Statista, organización experta en datos digitales, el buscador de Google concentra más de 90 por ciento del mercado global de búsquedas en línea, y su publicidad digital genera ingresos anuales de más de 200 mil millones de dólares.
No sorprende, entonces, que su poder haya despertado el interés de reguladores y de jueces en Estados Unidos y la Unión Europea (UE), con repercusiones que van más allá del mercado y afectan a usuarios, medios y anunciantes en casi todo el mundo.
En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) interpuso una demanda contra Google, acusándola de monopolizar ilegalmente las búsquedas en línea. En agosto de 2024, el juez Amit Mehta, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, declaró que Google era responsable de llevar a cabo prácticas monopólicas en los servicios de búsqueda en línea e impedía a sus rivales desarrollar sus propios productos.
Con base en esta decisión, durante 2025 se llevaron a cabo audiencias para discutir posibles acciones y medidas para remediar esta situación. Entre las medidas, se planteó la posibilidad de imponerle a Google algún tipo de modelo para compartir datos de búsqueda con competidores, la terminación de su convenio con Apple para mantener a Google como el buscador por default en los iPhones (un convenio por el que Alphabet, la dueña de Google paga 20 mil millones de dólares anuales a Apple), o inclusive la de imponer la desincorporación y venta de su buscador Chrome —algo que, si bien el DOJ puso en la mesa en noviembre de 2024, los analistas veían como altamente improbable y, con toda seguridad, impugnable por parte de la empresa—.
Pues bien, la semana pasada, el juez Mehta reconoció la posición dominante de Google, pero consideró que la medida más drástica de separar el navegador Chrome no era necesaria. En cambio, impuso restricciones sobre acuerdos que podrían bloquear la competencia y ordenó compartir algunos datos esenciales con otras empresas de inteligencia artificial y búsqueda. El fallo incorpora además la influencia de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Anthropic y Perplexity, en la evolución de los motores de búsqueda. El juez señaló que estas herramientas emergentes podrían transformar la forma en que los usuarios interactúan con la información, y que Google, aunque poderoso, no tiene necesariamente una ventaja absoluta en este terreno. Esto marca un enfoque distinto al de la etapa inicial de la demanda, cuando la IA apenas se consideraba relevante para la competencia en búsquedas.
Mientras tanto, la Comisión Europea acaba de multar a Google con 2.95 mil millones de euros por abuso de su dominio en publicidad digital, especialmente en su plataforma AdX y su sistema programático Google Ads DV360. La UE acusó a la compañía de favorecer sus propios servicios y dificultar la competencia, afectando a editores y anunciantes. De hecho, se estima que solo en el Reino Unido —que ya no es parte de la UE—, Google controla más de 20 veces el presupuesto publicitario online destinado a medios frente a todos los competidores juntos.
Los reguladores europeos argumentan que estas prácticas perjudican a los editores de noticias, limitan la transparencia y concentran el poder económico y de datos en unas pocas corporaciones. En este sentido, la UE exige cambios que podrían incluir la venta parcial de sus plataformas publicitarias y restricciones sobre el autocontrol de sus servicios.
Como podemos ver, el contraste entre las posiciones estadounidenses y europeas es evidente. En Estados Unidos, predomina la idea de favorecer los intereses corporativos de las grandes tecnológicas, pues se consideran claves en el predominio geopolítico de este país. No es casual que, al final, las sanciones y “remedios” no solo no pongan en riesgo estos intereses, sino que terminan alineados a la posición que ya el vicepresidente estadounidense, JD Vance, hizo clara durante la Cumbre de la IAS en París a inicios de este año: Estados Unidos no va a tolerar ningún tipo de restricción o sanción a sus empresas. Posición que se ha visto reforzada esta semana en su Congreso durante la audiencia titulada La Amenaza de Europa a la Expresión e Innovación Estadounidense (Europe’s Threat to American Speech and Innovation). En Europa, en cambio, la prioridad es garantizar mercados justos y transparentes, aunque esto implique multas severas o la reestructuración de negocios, aunque habrá que ver cuán efectivas llegan a ser las medidas sancionadoras.
Para los usuarios, estas decisiones tienen consecuencias concretas, pues determinan cómo se presentan los resultados de búsqueda, la diversidad de anuncios y la disponibilidad de servicios digitales. La resolución estadounidense fortalece la posición de Google, mientras que la europea busca abrir espacio para competidores y proteger a anunciantes y medios más pequeños.
Este caso refleja un dilema global: cómo equilibrar innovación tecnológica y competencia justa. Para países como México, donde las estrategias de gobernanza digital aún son incipientes, el caso de Google sirve como advertencia y guía.
Muestra cómo la concentración de poder en plataformas digitales puede afectar la competencia, la información disponible para la ciudadanía y la economía digital. Aprender de estas decisiones internacionales es clave para diseñar políticas que protejan tanto a consumidores como a empresas locales en la era digital.
