De manera que señalar que desaparecen personas porque están involucradas con el crimen organizado es un prejuicio que no solo desobliga a las autoridades, también oculta su involucramiento directo o su aquiescencia.
Defensora de derechos humanos
El Comité de Desaparición Forzada de la ONU señaló que el delito de desaparición forzada se perpetra en México de forma generalizada o sistemática, porque no hay entidad federativa en donde no haya denuncias de desaparición involuntaria de personas; las cifras siguen creciendo impunemente desde tres sexenios atrás y continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Minimizar o maquillar las cifras es tapar el sol con un dedo. La trascendencia de este grave delito no puede ocultarse. Datos de la Comisión de Búsqueda, de familiares y de las ONGs de DH, evidencian que la mayoría de quienes desaparecen son personas entre los 15 y 29 años de edad y se incrementa entre niñas, niños menores de 18 años.
También ha crecido la trata de personas, pornografía infantil, detenciones arbitrarias y desapariciones en trayectos de carreteras y caminos. El caso de Teuchitlán, evidenció además otra forma de enganchamiento, la promoción de empleo; un modus operandi que implementan los sicarios, y muy probable perpetrado mínimo con la aquiescencia de agentes del Estado.
En México hay cientos o quizá miles de fosas clandestinas y lugares de incineración o disolución de cadáveres con ácidos. Por lo que no es gratuito que se compare estos crímenes con los campos de exterminio nazis y de regímenes fascistas. La impunidad ha aumentado de forma sistemática y generalizada y ha alcanzado a la actual Presidenta.
Ella no es responsable de las más de 124 mil personas desaparecidas, ni siquiera de las 50 mil del gobierno de López Obrador. Pero hoy, como Jefa de Estado, debe aceptar que la repercusión de la impunidad de estos crímenes, ha llevado al Comité de Desaparición Forzada, a invocar, por primera vez en el mundo, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada de la ONU para que el caso mexicano puede ser analizado en la Asamblea de la ONU.
Y en el marco de este desastre humanitario, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Rosario Piedra, sin pudor niega haya desaparición forzada habiendo tenido un hermano desaparecido de manera forzosa y su madre líder del Comité Eureka. La descomposición que ha sufrido este organismo autónomo, es responsabilidad de senadores y senadoras de Morena y sus aliados del PT y PVEM, quienes con trampas la impusieron como presidenta de la CNDH, y la volvieron a reelegir.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda en vigor desde 2017, señala en su artículo 27 que, comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priva de la libertad en cualquier forma a una persona.
Es necesario que se aplique la ley y se atiendan las recomendaciones del Comité; es necesario que se trabaje desde el Estado para restituir la legalidad y las familias de personas desaparecidas encuentren respuestas. La Presidenta está obligada a dar el paso, hacer la diferencia respecto a sus antecesores, porque ahora el problema es suyo.
