Señala que el ex presidente emprendió un retroceso al socavar la independencia del Poder Judicial, la transparencia y el Estado de derecho y concreta: la impunidad sigue siendo generalizada.
Defensora de Derechos Humanos
La Organización de Human Rights Watch (HRW) ha presentado su evaluación sobre México en materia de derechos humanos. En primer término destaca que la Presidenta Sheinbaum “heredó graves problemas en materia de derechos humanos” del gobierno de López Obrador.
En materia de tortura, la Organización Mundial contra la Tortura afirma que esta violación a los derechos humanos “sigue siendo una práctica generalizada”. Es decir que la ley en esta materia, simplemente no se aplica. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene bajo su responsabilidad el mecanismo para la prevención de la tortura no está asumiendo su responsabilidad. Más de 3 mil casos denunciados entre 2019 y 2025 afectaron a más de 4 mil víctimas.
Sobre la desaparición de personas, es muy grave que hasta el 2025 hayan desaparecido más de 130 mil personas en datos oficiales. En esta materia recordemos que por primera vez el Comité de la ONU sobre la Desaparición Forzada inició aplicar a un país, el artículo 34 de la Convención en la materia y verificará si la desaparición forzada en México es sistémica y generalizada. Pasan los años y el gobierno sigue sin aplicar la Ley que armoniza la Convención y es un buena práctica de parlamento abierto porque fue discutida y escrita durante varios meses en una mesa de trabajo integrada por el Senado, funcionarios de Segob y de la entonces PGR, Consejería jurídica de Peña y familiares integrados en diversas organizaciones de búsqueda y especialistas en la materia.
La determinación de López Obrador para no aplicar estas leyes recomendadas por los organismos multilaterales y que responden a reclamos de las víctimas, siguen poniendo a nuestro país en una franca impunidad frente a estas graves violaciones a los derechos humanos.
Otro asunto mencionado por HRW, es el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y las detenciones arbitrarias. Recordemos que las fuerzas armadas están adiestradas en una verticalidad no propia para tareas de la seguridad pública misma que debería ser garantizada por instituciones civiles. López Obrador impulsó y Sheinbaum concretó, transferir la Guardia Nacional, al Ejército. Una decisión que trastoca lo que nuestra Constitución ha mantenido desde su origen: la seguridad pública debe garantizarse por la autoridad civil.
En materia de salud pública, las repercusiones por la baja cobertura contra el sarampión que ya era controlado en otros sexenios, fue resultado de la suspensión de la compra de vacunas durante el sexenio de López. Hoy es un grave problema de salud pública que se espera pueda resolverse con la vacunación masiva para detener y prevenir la mortalidad infantil. En este aspecto el doctor Éctor Jaime señala que “el sistema de salud no tiene registro nominal que diga con certeza quién está vacunado, quién no y en qué comunidades el rezago es mayor”. O sea hay un tremendo desastre.
No son los primeros análisis que muestran de pies a cabeza, que López Obrador fue peor que sus antecesores. La lista de omisiones es alarmante. Las evidencias del grave retroceso tarde o temprano le alcanzarán para pedirle cuentas de su pésimo gobierno. Y la Presidenta lo sabe, lo padece y debería trascenderlo ¿Querrá?
