El proceso de globalización iniciado de manera determinante en la década de los 80’s del siglo pasado, puso en el centro de las políticas públicas esta decisión.  ¿La disyuntiva? Incorporarse o no a un fenómeno comercial que amenazaba con ser de alcances galácticos, un auténtico tsunami cuya fuerza vendría a desmantelar las prácticas tradicionales del comercio entre países.  México, que en esa época iniciaba el periodo de los tecnócratas neoliberales, decidió apostar fuerte por la apertura comercial, asumiéndose incluso como uno de los pioneros del libre comercio regional con la firma del TLC en América del Norte. Desde entonces, el crecimiento del comercio internacional se ha convertido en un aportante fundamental en la generación de producto interno bruto.  Hoy, con datos de 2024, se fortalece su influencia como soporte decisivo del dinamismo económico nacional, su valor lo demuestra, 617,100 millones de dólares fueron las exportaciones y 625,312 millones de dólares las importaciones. 

Con una importancia de ese tamaño, la normatividad que las regula pasa a ser el perfecto catalizador de su impulso o de su freno.  A través de ella, o se estimula o se inhibe.  Por esta razón, las modificaciones que se propongan a las reglas del juego reflejarán fielmente la intención del gobierno en turno.  De su análisis concluyo que la Presidenta Sheinbaum asume claramente la dependencia económica que México tiene del sector, y lo sensible que serán las modificaciones que aprueben los integrantes del Poder Legislativo.  Debe tomar en cuenta, además, que el proceso de revisión del T-MEC ya se inició, que los primeros escarceos vaticinan un resultado incierto, y que existe una percepción generalizada de contar con un sistema aduanero ineficaz y corrupto. 

Para lograrlo, la Presidenta propuso esencialmente: montar a la Agencia de Transformación Digital en los procesos de desaduanamiento mediante el desarrollo de plataformas informáticas modernas que permitan el monitoreo de las operaciones en tiempo real; endilgar a los agentes aduanales una responsabilidad casi universal en la pulcritud normativa de las operaciones; regular con mayor rigidez las actividades de comercio exterior que se realizan por aplicaciones como Amazon o Mercado Libre; vigilar con lupa las importaciones temporales para garantizar que el retorno a su país de origen sea íntegro; combatir las prácticas de subvaluación; incrementar exponencialmente las sanciones pecuniarias y corporales a los actores participantes.  Sobresale, en el caso de los agentes aduanales, el establecimiento de una vigencia determinada a su patente, la imposición de un examen psicotécnico para mantenerla, la obligación de declarar su evolución patrimonial, la eliminación de excluyentes de su responsabilidad solidaria, la supresión del escudo corporativo y la suspensión de su patente si enfrenta una investigación que implique una pena corporal mayor a 5 años.

Concluyo, el paquete de reformas a la ley aduanera puede ser agresivo y profundo, parte de un esquema de desconfianza a los actores que participan, principalmente agentes aduanales y empresarios del sector, sin embargo, me parece que las reformas propuestas corresponden al tamaño del problema. Lo que faltó, por estricta justicia, es haber endurecido la sanción a las conductas corruptas de los funcionarios encargados de la vigilancia que pertenecen a la Secretaría de Marina, sin esto la propuesta se antoja incompleta.