La reforma elimina la función de tribunal Constitucional, termina la carrera judicial, termina evaluaciones, termina la independencia judicial y la certidumbre jurídica, y conlleva muchos otros agravios adicionales a la protección de los derechos de las personas.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
No me refiero al paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, sino a la tarea monumental que tendremos todos ciudadanos y practicantes de la profesión los próximos meses. La semana pasada, la Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de la capacitación y evaluación para integrar el Poder Judicial de la Federación, llevó a cabo el Foro “Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura”. Lo expresado en dicho espacio merece nuestra atención.
Ante la evidente simulación de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, donde las intervenciones estuvieron controladas, censuradas y manipuladas, escuchar a ciudadanos, empleados, jueces, magistrados y ministros es una obligación. En las diversas mesas, foros, seminarios, columnas e intervenciones en medios las opiniones coinciden en: 1) se requiere una reforma, 2) la reforma presentada no mejora la justicia, 3) la elección de jueces es inoperable en la práctica y, 4) hay más dudas y riesgos que respuestas y beneficios.
La iniciativa presidencial reconfigura a la judicatura, pero no mejora el acceso a la justicia ni la protección de derechos. Por el contrario, generaría problemas de corrupción, empeoraría la calidad de las sentencias y una falta del ya maltrecho Estado de derecho. Ante la evidencia, la respuesta fue otra simulación. Se anunciaron más de 100 cambios a la reforma original. En realidad un hoyo más profundo.
En un ejercicio de simplificación, en la propuesta 2.0 de la reforma se establecen dos elecciones: 2025 y 2027. En la primera se votaría por 9 Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, todos los Magistrados y Magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial y el 50% de los Magistrados y Magistradas de Circuito y de los Jueces y Juezas de Distrito, la otra mitad restante se votaría en las elecciones de 2027.
¿Cómo votaríamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, por 573 cargos con 2 mil 88 candidatos para elegir a funcionarios judiciales federales y estatales? Fácil, se deja a la suerte (tómbola) la depuración de listados para ajustarlo al número de postulaciones. Se escribiría el nombre del candidato para tu voto, falta ver si además vendrá señalado qué Poder fue el que propuso al candidato ¿Cómo garantizar la calidad y profesionalismo de los nuevos juzgadores? Se decidió que sean abogados con título y tener un promedio general de 8 en la carrera y de 9 en las materias relacionadas con el cargo. Que importa si sus estudios son de calidad, si tiene experiencia en la materia o simplemente acreditar conocimientos.
El paro de labores es relevante para dimensionar el impacto, pero en el futuro será aún más relevante que la judicatura, juzgadores y personal administrativo logre transmitir el mayor conocimiento posible a los nuevos integrantes del Poder Judicial. En palabras de la propia judicatura: el mayor acto de rebeldía es que transmitamos los conocimientos a los que vendrán. Nos queda ser mejores abogados, mejores jueces, mejores magistrados. Nos queda ser mejores ciudadanos.
