Esta elección presidencial aún no ha terminado y ya nos ha dejado muchas lecciones para seguir mejorando el proceso, en particular para seguir elevando la calidad del diálogo y la oferta de propuestas. Mejorar el formato de los debates era una tarea pendiente que nos dejaron las elecciones anteriores. En esta ocasión, me parece que los nuevos formatos sí lograron evitar los largos monólogos publicitarios, planos, tediosos. En su lugar se obtuvo un diálogo más dinámico y más retador, que puso a prueba la capacidad de reacción de los candidatos. Sin embargo, no se logró abordar los cómos de muchas propuestas que posiblemente sólo hayan servido para ganar votos, pues todos ofrecieron la ecuación imposible: gastar más con menos.

La siguiente administración federal, se pinte del color que sea, enfrentará un dilema: cumplir sus promesas a costa de la prudencia fiscal o sacrificarlas en aras de cuidar el erario. La situación financiera con la que arrancará el próximo sexenio es todo menos alentadora. El déficit que se registró en abril pasado marcó un nuevo record. En los tres sexenios anteriores no se había registrado en un mes de abril del último año de gestión un déficit (-0.4% del PIB), al contrario se observaron balances positivos.

El gasto total del Gobierno federal creció 9% real en abril 2018 respecto al mismo mes de 2017, muy por arriba de la inflación y el crecimiento económico. Los pagos crecientes de intereses, pensiones y jubilaciones, por mencionar algunos, ahora ejercen mayor presión. Adicional a esta realidad también ha habido un dispendio en programas sociales de subsidios, como el emblemático “Prospera” que ha estado creciendo a un ritmo sin precedentes.

En adición a los retos ya existentes, los candidatos proponen, a groso modo, bajar los impuestos y, por lo menos en el corto plazo, incrementar el gasto público. Disminuir el IVA, exentar a ciertos grupos de población, pero al mismo tiempo aumentar la cobertura de algunos servicios y subsidios o de plano inaugurar nuevas formas de transferencias de efectivo a la población, lo cual suena forzado. No estoy descreditando los beneficios que estas políticas pueden traernos, pero no son gratuitas, la austeridad no tendrá efectos inmediatos y para reunir una bolsa suficiente de recursos habrá que involucrar a los estados, lo cual no es rápido y requiere de mucho trabajo político.

La rivalidad electoral promueve el ofrecimiento de propuestas que muy posiblemente son inviables desde el punto de vista financiero, al menos de corto plazo. Y ante estos incentivos naturales pero perversos en este sentido, no hay quién evalúe las propuestas de los candidatos de manera objetiva y con autoridad suficiente. La falta de análisis y calificación sobre su viabilidad financiera hace posible que vendan ante el electorado lo imposible.

Un ejemplo internacional: En Australia, el Consejo Fiscal del Poder Legislativo realiza una evaluación del impacto económico y presupuestario de las propuestas de los candidatos en las elecciones. Esto ayuda a mejorar la calidad del debate público y desincentiva las propuestas inviables de candidatos y partidos políticos.

Acá el escenario post electoral es otro: la revisión del Paquete Económico por parte del Congreso es una mera simulación. La discusión fiscal es casi nula, los diputados votan el presupuesto de manera casi unánime, 90% suele estar a favor. La irresponsabilidad fiscal es un problema que se puede y debe controlar para que un país sea próspero. El Congreso, que es quien representa a todos los mexicanos, necesita fortalecer su perfil técnico y funcionar como verdadero contrapeso. La consolidación de los centros de estudio del Congreso, para tener un verdadero Consejo Fiscal es un paso urgente y necesario para pasar de la monarquía a la república.