El gasto en publicidad es discrecional sobre cuánto, en qué, quién, cómo y cuándo puede gastar. De 2013 a 2017 el Gobierno federal ha gastado más de 35 mil millones de pesos en comunicación social, cuando su presupuesto fue de 13 mil millones de pesos. Se gastó 160% más de lo aprobado. Las entidades federativas también exhiben un sobre gasto alarmante.

Además, la asignación de contratos de publicidad gubernamental no se realiza con criterios que promuevan la idoneidad y mucho menos la competencia entre los posibles contratistas. No se realizan licitaciones y se pueden utilizar convenios opacos entre entidades (como los usados en la Estafa Maestra).

Se trata de un caso más que hace evidente lo fallido del sistema de asignación de recursos públicos, y sus contratos. La falta de regulación, de criterios de asignación pertinentes y de un buen control en el uso de los recursos públicos, no es un impedimento para gastar mucho y mal. La discrecionalidad claramente no ha resultado a favor de los intereses ciudadanos.

Algo no funciona nada bien en nuestro régimen “democrático” actual cuando vemos que este despilfarro no se traduce en bienestar para los ciudadanos. Permite aplastar el ejercicio de los derechos democráticos más básicos cuando se abusa de la publicidad oficial, se usa para publicitar políticos o como instrumento de chantaje para socavar la libertad de expresión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, a fines del año pasado, que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, como lo indica ese mismo artículo constitucional.

De acuerdo con la sentencia, el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Se reconoció el valor intrínseco de la libertad de expresión en tanto es una precondición para una construcción democrática, y la necesidad de remover cualquier forma de presión directa e indirecta que ponga en riesgo este derecho. Además, se reconoció que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios es una forma de control de las líneas editoriales que constituye, en el mejor de los casos, una forma de censura.

Tristemente, la semana pasada se evidenció, en una audiencia pública preparada al vapor, que el proceso legislativo no está a la altura del problema a resolver, ni en la forma ni en el fondo. Se mostró una mala coordinación al interior del Senado y entre cámaras sobre cómo debe transcurrir el proceso. La participación ciudadana no parece estar en la prioridades de los legisladores a pesar de ser un tema de máximo interés público.

Así, ya se generó un dictamen en la Cámara de Diputados, elaborado a partir de las distintas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios. Ninguna de ellas cumplió con el decálogo de propuestas básicas presentado por la sociedad civil, a través del colectivo #MediosLibres que reúne a 80 organizaciones. Además, ninguna iniciativa contempló un cambio en el modelo de toma de decisión actual, concentrado en Segob y SHCP, que no ha conseguido buenos resultados.

Sí, ya se tienen los acuerdos para votar esta ley sin considerar lo mínimo para que sea redactada como estableció la SCJN, a pesar de que urge regular la existencia y operación de nuevos mecanismos e instrumentos que promuevan medios libres y un uso más racional de los recursos públicos.