Por Carlos Hernández Vázquez
El pasado mes de octubre se abrió a firma la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen en Hanoi, Vietnam.
Profesor de la Maestría en Asuntos Internacionales, especialista en ciberseguridad.
Este nuevo instrumento global llega a un mundo muy distinto al que enfrentaron las últimas convenciones anticriminales hace más de dos décadas; por ello, su implementación deberá ser innovadora, flexible y capaz de responder a un entorno digital dinámico y altamente interconectado.
La Convención surge en un escenario donde el multilateralismo se percibe fragmentado. La pandemia de Covid-19 evidenció que, ante desafíos globales, muchos Estados privilegian decisiones unilaterales. A ello se suma un entorno tecnológico marcado por la creciente bipolaridad entre Estados Unidos y China, que influirá en el tipo de gobernanza digital que cada país adopte y, por ende, en la manera en que implemente la Convención: desde modelos liberales de desarrollo tecnológico hasta enfoques de control estatal más estrictos, ambos con riesgos relevantes para los derechos humanos y la eficacia contra el delito.
El reto más persistente, sin embargo, será la velocidad tecnológica. Al tiempo que más personas se integran al mundo digital, los ciberdelincuentes operan con gran eficiencia. En contraste, los procesos gubernamentales para implementar la Convención avanzan lentamente. Basta recordar que el propio texto tomó cuatro años en negociarse, mientras que, en ese mismo periodo, la inteligencia artificial automatizó procesos delictivos y extendió una industria criminal global.
A diferencia de los instrumentos anteriores, hoy existe mayor claridad sobre la diversificación de mercados ilícitos, el control territorial criminal y la innovación tecnológica que transforma la actividad delictiva. Además, la cooperación internacional cuenta con mecanismos previamente consolidados que pueden acelerar la acción global, siempre que se recuperen las mejores prácticas y se eviten errores del pasado.
Un elemento clave es que esta Convención parte de un conocimiento técnico ya existente. La experiencia acumulada de la Convención de Budapest y el trabajo del Programa Global contra Cibercrimen de UNODC ofrecen una base sólida para enfrentar el fenómeno. Lo novedoso no es la lucha contra el cibercrimen, sino su alcance global en un contexto donde la fragmentación geopolítica hará más compleja su adopción.
Existe, además, un riesgo estratégico que debe atenderse: la separación artificial entre las agendas de ciberseguridad y cibercrimen. No son esferas aisladas. La resiliencia cibernética —la capacidad de continuar operaciones y evitar la repetición de incidentes— requiere sanción, investigación y atribución efectiva de ataques. A la inversa, contar con mecanismos de ciberseguridad permite documentar vectores de ataque y generar evidencia clave para la persecución penal. Sin esta conexión, la impunidad está prácticamente asegurada.
El desafío inmediato ahora es la entrada en vigor de la Convención. Sin embargo, esperar a ese momento sería un error. Los Estados deben comenzar desde ahora a fortalecer capacidades, adoptar tecnología y desarrollar modelos innovadores y disruptivos para enfrentar un fenómeno que evoluciona más rápido que cualquier proceso legislativo o diplomático.
