Por Erika Bailón Rodríguez
@ebailonr
Durante tres días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformó en un espacio de encuentro, diálogo y reconocimiento. La Audiencia Pública 1/2025 fue más que un ejercicio jurídico: representó la apertura de un nuevo tiempo para la justicia mexicana, uno en el que la escucha activa y la inclusión son parte esencial del proceso.
Fui parte de ese ejercicio. Participé en la Audiencia y compartí, desde mi experiencia de vida y de trabajo en derechos humanos, por qué la consulta a las personas con discapacidad no es un gesto ni una cortesía, sino una obligación que legitima a las instituciones y mejora las decisiones públicas.
Durante más de 15 horas de intercambio continuo, la Corte se llenó de testimonios y propuestas que dieron rostro humano al derecho a la consulta. En total, 89 personas con discapacidad, activistas, cuidadores y representantes de organizaciones provenientes de 22 entidades federativas tomaron la palabra. Voces diversas que contaron lo que a menudo no se ve: las barreras cotidianas para estudiar, trabajar, acceder a la salud o a la justicia; y al mismo tiempo, el potencial transformador de ser escuchadas antes de que se legisle o se diseñen políticas.
Este ejercicio marcó un precedente en la forma de escuchar. No se trató solo de hablar, sino de ser atendidas y atendidos con respeto, con intérpretes, subtitulaje y formatos accesibles que permitieron participación real. En mi intervención insistí en algo básico: la consulta previa, informada, accesible y con efectos no solo es compatible con la buena administración pública, es condición para que exista.
El punto central de esta Audiencia Pública fue evitar un retroceso en el reconocimiento de la consulta a las personas con discapacidad como un derecho vinculante y no como un mero trámite. Las y los participantes coincidimos en que sin consulta no hay inclusión, y sin inclusión no hay justicia. La Suprema Corte tiene ahora la oportunidad de reafirmar que el cumplimiento de esta obligación no puede depender de la voluntad política de turno, sino de un compromiso permanente del Estado con la igualdad y la participación real.
Ojalá que este modelo de diálogo abierto se extienda a otros grupos históricamente excluidos: personas mayores, jóvenes, mujeres, población LGBTIQANB+, afrodescendientes y personas migrantes. Es necesario escuchar de primera mano sus realidades, porque las leyes sólo son verdaderamente justas cuando parten de la experiencia de quienes viven aquello que pretenden regular. Una justicia que se cierra al país diverso que somos deja de ser justicia.
La Audiencia Pública 1/2025 no solo escuchó voces; escuchó historias, luchas y esperanzas. Me llevo la convicción de que la justicia más plena no se impone: se construye colectivamente. Porque cuando la justicia escucha, incluye. Y cuando incluye, transforma.
