Ahora sí se preocuparon los gringos; los mexicanos popularmente incluimos en el término, gringo, a los canadienses; al ver los avances de las reformas constitucionales promovidas por el ejecutivo federal y muy especialmente la dirigida al poder judicial que instaurará la elección popular de los ministros de la corte y los jueces federales, por considerar que pone en riesgo su independencia y alentaría la corrupción, convirtiéndose así en un serio peligro la democracia en México y las relaciones comerciales entre los países, según lo declarado por los embajadores de los Estados Unidos y Canadá. La respuesta no se hizo esperar, sabiendo que la opinión no se expresó a título personal, sino que proviene de sus respectivos gobiernos, pero ni tardos ni perezosos el presidente López Obrador y la presidenta electa los desautorizaron y el gobierno mexicano formuló sendas notas diplomáticas para protestar por la injerencia en los asuntos internos de nuestro país, además, de pausar la relación con los embajadores, sea lo que eso signifique.

Aunque no se refirió a ellos específicamente y tampoco ha sido un tema muy comentado por los medios nacionales, en la declaración de Ken Salazar se menciona la importancia de mantener los organismos autónomos fuertes, con lo que evidentemente estaba pensando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), cuya desaparición afectaría el cabal cumplimiento de México en el T-MEC ya que el tratado los incluye como indispensables para asegurar la buena marcha de las relaciones comerciales entre sus tres miembros firmantes y cuya anunciada desaparición, según la iniciativa, afectaría su observancia por parte de México.

Con tal expresión el embajador augura, para los que saben, un apretón de los mercados financieros hacia México, pues las empresas de Estados Unidos y Canadá con intereses en nuestro país ven desvanecer las garantías de sus inversiones que de por sí ya sentían en riesgo con el desmesurado crecimiento del crimen organizado y por tanto de la violencia que parece incontrolable y en el peor de los casos tolerada por el estado mexicano. En ese sentido los más importantes medios informativos de los Estados Unidos se han pronunciado en contra de las reformas, que consideran una herencia envenenada de López Obrador para a su sucesora, la que iniciará su gestión contra corriente por los muchos frentes abiertos al final de la actual administración y que habrá de atender de forma prioritaria, restando tiempo a los proyectos propios de su gobierno, es decir, desde ahora le está imponiendo la agenda.

Como para desmentir a quienes originalmente opinaron que la declaración de Ken Salazar había sido una imprudencia involuntaria y no quedara dudas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos confirmo la preocupación por la reforma judicial, así como por la extinción de los órganos constitucionales autónomos, haciendo especial mención al Instituto Nacional de Acceso a la Información, estimando a la transparencia como un signo distintivo de las democracias por lo que de aprobarse la reforma tal y como está planteada podría contradecir los “compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos , México y Canadá, cuya revisión está programada para 2026”. Sin duda, el mensaje está dado y,