A Carlos, le guste o no, el cambio social está ocurriendo sin su permiso ni su consenso. Solo reveló su intención de imponer sus creencias para homogeneizar su postura religiosa e ideológica.
De por sí se están quedando sin votantes, y luego salen con estas cosas.
Tremendo escándalo ha causado la reforma a la Ley de Educación del Estado de Chihuahua, que “fomenta el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español”. Esta reforma “pretende” mantener la uniformidad en la comunicación educativa, fortalecer la enseñanza del español y evitar que el idioma se fragmente o desvirtúe.
El dictamen fue presentado por el diputado panista Carlos Olson, quien en la iniciativa incluyó una disposición que promueve el uso del masculino genérico y se manifestó en contra del lenguaje incluyente. Sus declaraciones —muy desafortunadas— sólo abonaron a reforzar una ideología conservadora, discriminatoria y ofensiva, además de revelar su ignorancia
El PAN, de alguna manera, es “antiderechos”, pero esta vez , este diputado se pasó de lanza. Carlos compartió en redes: “Adiós ‘todes’ y bienvenidos todos otra vez. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: solo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no niñes. Sentido común sobre ideología”. Lo que quizá de inicio, y muy en el fondo, era una buena intención, se vino abajo con estas declaraciones. Ahora todos, todas y todes están sobre el texto de reforma.
Luego intentó componerla: “Estoy de acuerdo en que el lenguaje evolucione y se adapte de manera natural a partir de un consenso lingüístico y social. El lenguaje inclusivo ha sido una imposición ideológica y no se vale jugar con el adoctrinamiento de nuestros niños”.
No ha de haber leído toda la Ley, porque esta incluye un artículo que obliga al sistema educativo a actuar de manera no discriminatoria, tal como lo mandata la Constitución. Los principios de inclusión, equidad y no discriminación deben prevalecer.
La RAE establece meras reglas lingüísticas de una época determinada (ya pasada) que, bajo ninguna circunstancia, estarán por encima del rango constitucional del principio de no discriminación.
Este escándalo resume un dilema ético: ¿una ley puede obligar a usar un lenguaje que, aunque gramaticalmente “correcto” según la RAE y los del PAN, es percibido por una parte de la población como discriminatorio o excluyente?
La ley en sí no prohíbe nada expresamente, pero el PAN presentó desde la exposición de motivos, una supuesta prohibición del lenguaje incluyente y del rechazo a la ideología de género, lo que invisibiliza a las personas no binarias y a las identidades de género diversas.
