Dr. Eduardo Andrade Sánchez
La existencia de un verdadero Estado de Derecho requiere decantarnos por la concepción normativa de la Constitución, a fin de que su texto rija con rigor y efectividad la vida colectiva y sea fuente de seguridad y no de incertidumbre jurídica.
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En los casi 25 años que llevo enseñando derecho constitucional y escribiendo textos sobre la materia, he observado el crecimiento de dos tendencias antagónicas e incompatibles: por un lado la que incorpora en la Constitución toda suerte de declaraciones abstractas, derechos de contenido impreciso y aspiraciones sociales y culturales y, por el otro, la que exige el respeto y aplicación estrictos de los contenidos constitucionales, con todas sus consecuencias jurídicas, en el entendido de que estos constituyen normas de cumplimiento forzoso. La primera conduce a la noción de “Constitución programática” cuyos contenidos se conciben como propósitos a ser alcanzados y la segunda a la de “Constitución normativa”, cuyo texto está compuesto por disposiciones jurídicas coercibles que deben cumplirse indefectible e inmediatamente. Esta divergencia afecta cada vez más a nuestro constitucionalismo y crea una tensión que dificulta la comprensión y aplicación del Derecho.
Las legítimas aspiraciones de grupos sociales y de académicos deben someterse a la prueba del ácido jurídico, para que la lógica y la coherencia que deben imperar en el Derecho, permitan encauzar debidamente los planteamientos válidamente presentados por los distintos factores reales de poder que participan en la integración de una norma con pretensión de supremacía y aplicabilidad.
El anteproyecto que ha circulado de la Constitución de la Ciudad de México, en general, es digno de encomio, pero contiene elementos desconcertantes a la luz de la teoría tradicional del derecho constitucional. Es verdad que las constituciones evolucionan y se adaptan a las circunstancias sociales, pero también que existen principios consustanciales al constitucionalismo desde su origen. Esta corriente, que ha modelado a los estados en el mundo entero a partir de la ideología democrático liberal, sustenta una concepción de la soberanía radicada en el pueblo constituido por individuos, desterrando el viejo criterio corporativo por virtud del cual los agrupamientos de personas dedicadas a determinadas tareas constituían sujetos de la vida política. De ahí que resulte llamativo el hecho de que se diga que la soberanía popular que reside esencial y originariamente en el pueblo de la Ciudad de México, “se constituye por la voluntad de personas y comunidades en libres”. Respecto de este punto sería indispensable que los redactores explicaran qué significa “comunidades libres” en el contexto de la “Constitución de la soberanía”. En rigor, la manifestación de la voluntad soberana del pueblo se realiza a través del voto, que es personal e intransferible y, evidentemente, no puede uno imaginar que los constituyentes pretendan otorgar alguna forma de sufragio a comunidades específicas como tales, ya que ello va en contra de un principio básico del constitucionalismo y del propio texto de la Constitución General de la República.
Si queremos tener una Constitución normativa que obligue a gobernantes y gobernados, sus autores deben ser extremadamente cuidadosos en cuanto al contenido de las expresiones que emplean, considerando que cada una de ellas debe tener un significado jurídico preciso y exigible.
