En el primer tercio del mes en curso, la Presidenta de la República presentó al Congreso de la Unión una iniciativa legislativa urgente y acertada para combatir la extorsión, un delito que agrede con particular crudeza a la sociedad civil.

Ejemplos abundan: el caso reciente de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández es solo una muestra más de una realidad que se repite día tras día, afectando a familias y comunidades en todo el país.

Ante esta situación, resulta indispensable reflexionar críticamente sobre el contenido y la oportunidad de dicha iniciativa. Más allá de su propuesta específica, representa una ventana para contribuir a la consolidación de la paz y el orden público.

Es importante subrayar que la extorsión, por sí sola, no representa la totalidad del problema que plantea la DO moderna. Su eliminación, aunque deseable, no implicaría necesariamente el desmantelamiento de todas las estructuras criminales.