Hasta el mes de noviembre se registraron 53 feminicidios en el estado de Veracruz, de acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Más allá de los discursos triunfalistas, el año no termina y los asesinatos de mujeres continúan. En materia de desapariciones, el mismo organismo ha registrado 816 casos.

¿Fue 2023 un año perdido en la atención de las violencias contra las mujeres? Observemos lo que ha pasado en los últimos once meses. Si bien el dato oficial luce un decremento del treinta por ciento de feminicidios, afirmación a debatir dada la manera en que la Fiscalía General del Estado de Veracruz da apertura a las carpetas de investigación, la prevención y debida sanción de las violencias por parte de la autoridad local ha dejado mucho qué desear.

Frecuentes son las quejas respecto al maltrato que reciben las familias de víctimas de feminicidio, el extravío de la autoridad para dar debido seguimiento a los casos y captura a los feminicidas. Los errores fatales que comete el personal en la integración de carpetas, lo cual facilita que los asesinos sean liberados y ahora estén en las calles.

Ya no digamos de la atención que se le prodiga a las víctimas de violencias de género: desde la coerción para el desistimiento a denunciar hasta la burocratización de los casos sin acatar la ley y los protocolos, pese a la capacitación con perspectiva de género y apegada a derechos humanos que el personal de la Fiscalía recibe a manera de cursos de capacitación.

Ha brillado por su ausencia la aplicación de estrategias expertas que permitan la prevención de la desaparición de personas, puntualmente de jóvenes que sean blanco de tráfico de mujeres para trabajo sexual forzado. No se ha diseñado ni publicado un diagnóstico serio que permita conocer cuáles son los detonantes de desaparición de mujeres en el estado de Veracruz (¿crimen organizado? ¿Violencia de género en las familias?).