Análisisjueves, 22 de mayo de 2025
Fuera de agenda / Golpe al paramilitarismo
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Su nombre aparece en documentos de inteligencia militar como operador de alto nivel del crimen organizado y desde abril del 2021 el Departamento del Tesoro estadounidense lo fichó como personaje clave en la estructura del autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se llama Carlos Andrés Rivera Varela, tiene 39 años, es de nacionalidad colombiana y se caracteriza por su movilidad en distintas partes del país al estar también señalado como reclutador de mercenarios extranjeros que operan para esta organización criminal. Su nombre salió a relucir hace unos días después de que las fuerzas especiales de la Marina lanzaran una operación en la comunidad minera de Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, Michoacán, presumiblemente para intentar capturar a Abraham Jesús Ambriz Cano, cabecilla de una célula criminal que se hace llamar Los Indestructibles que controla esta zona. Tras el enfrentamiento suscitado el sábado 17 de mayo se informó de 12 muertos y nueve detenidos, entre quienes estaban exmilitares colombianos, hondureños y guatemaltecos. Se reportó también que tres marinos resultaron heridos y un grupo de mercenarios logró escapar junto con Ambriz Cano.
El gabinete de seguridad señaló que la operación fue por denuncias sobre la presencia de grupos armados en la ruta de la costa michoacana, donde la Marina ha asegurado en los últimos meses en distintas acciones marítimas 37 toneladas de cocaína. De acuerdo con diversas fuentes federales, otra de las razones de lanzar a un grupo de élite con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, fue porque en esa región se ocultan líderes de la organización criminal a los que se le sigue la pista con mayor celeridad desde enero pasado, después de que el gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista junto a cinco grupos de narcotráfico mexicanos.
Rivera Varela, a quien se le conoce como la Firma o el Colombiano, ha sido el facilitador para organizar grupos armados integrados por exmilitares colombianos que se sabe operan en Guanajuato, Jalisco y Michoacán al menos desde el año 2017, cuando fue capturado Otto Fernando Godoy Cordón, quien fue identificado como coronel del ejército guatemalteco al servicio del CJNG.
La acción en la zona que conduce a la costa michoacana en los límites de Colima y Jalisco coincidió con un ataque de pistoleros del CJNG la noche del viernes 16 en Tlaquepaque contra dos instructores mexicanos que colaboraban con la Embajada de Estados Unidos en México. El asesinato de César Guzmán González, exagente de Interpol y de la FGR y Carlos Amador Chavela, perito especialista en delitos financieros, quienes habían dado un curso en la Unipol de Jalisco, fue atribuida a esta organización criminal en respuesta a las investigaciones que están en curso y como medida de presión ante las diferentes operaciones contra cabecillas regionales.
La presión del gobierno estadounidense es algo que la administración de Claudia Sheinbaum disimula como “cooperación” e “intercambio”, pero cada día que pasa se multiplican las señales de que la paciencia del vecino del norte se agota. Porque no solo de visas de políticos de alto nivel se trata, también interesan las redes políticas regionales.