México suele presentarse como referente internacional en materia de paridad. No sin razón: la Constitución reconoce la paridad en todo y las mexicanas ocupamos hoy más espacios de representación que nunca.
Sin embargo, la experiencia demuestra que la paridad no es un logro irreversible ni un punto de llegada. Cada reforma electoral vuelve a ponerla en disputa, y la que se anuncia desde la Presidencia no será la excepción.
La próxima reforma ocurre, además, en un contexto inédito: por primera vez una mujer encabeza el Poder Ejecutivo. Ese hecho tiene un valor simbólico indiscutible, pero también un origen político claro. La presidenta no llegó sola. Llegó gracias a décadas de lucha de mujeres que empujaron cambios legales, acciones afirmativas, sentencias y acuerdos que abrieron un sistema históricamente cerrado. En ese camino, Mujeres en Plural ha sido una voz técnica, persistente y acreditada en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.
Desde su conformación como red en 2010, Mujeres en Plural ha acompañado e impulsado, avances que hoy se dan por sentados: paridad constitucional, criterios de competitividad, reglas para evitar simulaciones y mecanismos para enfrentar la violencia política en razón de género. Por eso, las propuestas que hoy presenta frente a la reforma electoral no pueden tratarse como una opinión más, sino como una agenda construida desde la experiencia y el conocimiento acumulado.
La red ha sido clara: la reforma no debe significar retrocesos ni vaciar de contenido la paridad. Propone trasladar a la ley lo que hoy depende de acuerdos administrativos, blindar la paridad en gubernaturas, fortalecer reglas para las listas al Senado y garantizar paridad efectiva en sustituciones. También subraya la importancia de los bloques de competitividad, indispensables para evitar que las mujeres sigan siendo postuladas en distritos perdedores.
Otro punto clave es la representación plurinominal. Lejos de ser un privilegio, ha sido uno de los mecanismos más eficaces para corregir desigualdades estructurales en el acceso al poder legislativo. Debilitarla afecta directamente la posibilidad de que las mujeres lleguen a los espacios de decisión.
Pero el debate no es solo numérico. La experiencia ha mostrado que la paridad no ha significado automáticamente capacidad de decidir. Tener mujeres en los cargos no garantiza, por sí mismo, que puedan ejercer el poder ni transformar las reglas del juego. De ahí la exigencia central: se requieren mujeres en el poder con poder, y que ese poder sirva para transformar la vida de las mujeres, no solo para ocupar espacios.
Por eso, la paridad es una apuesta democrática más profunda: busca abrir el poder para que estén representadas las mujeres, pero también la diversidad de mujeres. Sin un enfoque interseccional, la paridad corre el riesgo de convertirse en una cifra sin contenido político.
Aquí la responsabilidad de la presidenta es clara: como jefa del Ejecutivo que impulsa la reforma y como mujer que llegó al poder gracias a esas luchas colectivas. La pregunta no es si la reforma mantendrá la palabra “paridad”, sino si garantizará una democracia más abierta y sustantiva. Mujeres en Plural ha puesto una hoja de ruta sobre la mesa. Ignorarla sería un retroceso. Incorporarla sería honrar la historia que hizo posible este momento. Porque en paridad, llegar no basta.
