El pasado primero de febrero arrancó un nuevo período legislativo y la pregunta de fondo no es cuántas iniciativas se anuncian ni quién gana la narrativa diaria, sino si el Congreso intentará estar a la altura de lo que hoy necesita el país o si seguirá prevaleciendo la diatriba y el encono.

El Congreso debería ser el espacio natural para procesar diferencias, construir consensos y traducir las demandas sociales en políticas públicas efectivas. No una arena de confrontación estéril ni una oficialía de partes que se limite a recibir y votar decisiones tomadas fuera del debate parlamentario.

Mirar el país real ayuda a dimensionar la urgencia. La desigualdad sigue marcando la vida de millones de personas. De acuerdo con Oxfam, la riqueza de los hombres más ricos del país equivale a cerca del 9 por ciento del PIB, mientras que casi el 30 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Es decir, no solo se trata de disminuir la pobreza, sino de reducir las desigualdades. Esta brecha no es un dato abstracto: definir quién puede enfrentar una crisis, quién accede a derechos básicos y quién queda atrapado en la sobrevivencia cotidiana.

Esa desigualdad se expresa con especial crudeza en el mercado laboral, particularmente para las mujeres. Los datos del Inegi muestran una participación económica femenina de apenas 45.6%, frente a 74.3% en los hombres. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, a diciembre de 2025, la desocupación de mujeres en México aumentó en 104 mil personas respecto al mismo mes de 2024, situándose la cifra de mujeres desempleadas en 660 mil. Detrás de estas cifras hay un problema estructural que México sigue sin resolver: la ausencia de un sistema nacional de cuidados.

Cuando el cuidado de niñas y niños, de personas mayores, con discapacidad o enfermas recae casi exclusivamente en los hogares, y dentro de ellos, en las mujeres, la posibilidad de trabajar, buscar empleo o permanecer en él se vuelve frágil. Ante cualquier crisis familiar o pérdida de ingreso, muchas mujeres salen del mercado laboral o aceptan trabajos precarios, mal pagados y sin protección social. La economía de los cuidados no es un tema secundario: es infraestructura básica para el empleo y la igualdad.

Por eso resulta relevante que, en este período legislativo, Movimiento Ciudadano haya puesto sobre la mesa temas que sí conectan con la vida cotidiana de la ciudadanía: la jornada laboral de 40 horas, el acceso a una vivienda digna, la atención universal al cáncer infantil, un buró de crédito más justo o una fiscalía que funcione mejor. Son asuntos que hablan de tiempo, ingreso, salud, justicia y bienestar.

La pregunta clave es si habrá disposición para dialogar y construir acuerdos que beneficien a millones de personas, o si se impondrá la lógica de bloque y el cálculo político de corto plazo. Este período legislativo puede ser una oportunidad para cambiar el tono y el rumbo. México necesita un Congreso que dialoge, que construya consensos y que ponga en el centro las prioridades de la gente.