La administración actual muy rápido abandonó la política de “abrazos y no balazos”. Enhorabuena. Si bien el problema de la violencia tampoco se va a resolver con más violencia, es un hecho que en contextos de baja resistencia institucional las organizaciones crecen con mayor facilidad en dimensión y organización, así como en poder de fuego y de corrupción. 

Aunque de la estrategia nacional contra la violencia no debemos esperar resultados inmediatos en el año uno de gobierno, sí podemos señalar las líneas de acción en materia de seguridad en donde el Gobierno ha sido omiso o poco claro. A continuación, apuntamos cuatro áreas subatendidas.

La administración anterior heredó, en seis años, 58,184 casos de personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El fenómeno fue especialmente intenso en Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán. El gobierno actual ya acumula al 31 de agosto de 2025, 13,252 casos concentrados en el Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Es claro que hay regiones del país donde la desaparición de personas es más recurrente que en otras y esto suele correlacionarse con la presencia de disputas criminales por el control territorial y de mercados ilícitos. Por ahora, el problema de las personas desaparecidas sólo cuenta con el impulso de las víctimas indirectas y la sociedad civil, ya que no se identifican acciones desde la Federación para atenderlo. Los actores políticos no tienen los incentivos para colocar a sus entidades bajo el reflector por la presencia de fosas clandestinas. Sin embargo, un gobierno con mayorías legislativas y un elevado número de gubernaturas y municipios, tiene consigo todo el poder institucional para colocar en la agenda este problema.     

Por otra parte, está la tensa relación entre las víctimas indirectas de personas desaparecidas —organizadas en colectivos— y la autoridad. En la administración pasada estos colectivos encontraron en el titular del Ejecutivo señalamientos de trabajar en favor de la agenda de la oposición… no una postura de diálogo, la institucionalización del tema o políticas para su atención específica. La actual administración, sin ser tan combativa en lo discursivo, ha buscado disminuir la relevancia de las desapariciones y afirmar que las madres buscadoras contarán con protección cuando así lo soliciten. Sin embargo, en lo que va de la administración se han registrado 10 asesinatos de personas buscadoras. Entre éstos, María del Carmen Morales y su hijo, quienes formaban parte del grupo “Guerreros Buscadores de Jalisco” que encontró el rancho Izaguirre. Es comprensible la tensión política que el tema de los desaparecidos genera, no así el tono de la autoridad hacia las familias. La inteligencia no solo sirve para atrapar a los malos, también sirve para encontrar fosas clandestinas y construir puentes de diálogo con los colectivos.

Aunque la administración actual continuó con la senda militarista heredada, hay matices importantes. Colocó a la cabeza de la estrategia de seguridad a un civil técnicamente formado en la materia y ha capturado a operadores estratégicos (de la violencia y de los recursos económicos). También envió una iniciativa para modernizar la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de las instituciones que lo integran.

La coordinación entre un civil y los secretarios de las Fuerzas Armadas, puede ser tensa, pero hasta ahora se mantiene y funciona. La captura de operadores estratégicos si bien no se ha traducido en explosiones de violencia, tampoco ha contenido la ya existente. Sin embargo, se espera que en el mediano plazo estas detenciones deriven en el debilitamiento de las estructuras criminales. 

Se espera que las carencias de las policías se resuelvan por la iniciativa mencionada… si cuenta con recursos. De no avanzar este tema y su asignación presupuestal en las próximas semanas, el próximo año serán marginados de la agenda hasta que la integración de la Cámara de Diputados emanada de la elección de 2027 se interese en retomarlos.  

¿Alcanzará el resto del sexenio para ingresar estas omisiones en la agenda de gobierno? Es deseable, pero se antoja complicado, pues los años que le restan a la actual administración estarán atravesados por los procesos electorales federales y locales, y los posteriores reacomodos de fuerzas partidistas. El año dos del sexenio de Sheinbaum será crucial para la agenda de seguridad y para construir las capacidades institucionales que en la materia se desean legar.