Con la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el pasado 29 de enero la propuesta de leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética.

Con la modificación al artículo 28 constitucional de octubre del 2024, CFE y Pemex, se convirtieron en empresas públicas del Estado. Asimismo, se estableció en la Constitución que las actividades de estas dos empresas del pueblo de México nunca puedan ser consideradas monopólicas y cumplan la función social de proveer servicios públicos estratégicos para toda la población.

En el periodo legislativo que comienza, se busca detallar los mecanismos para recuperar la soberanía energética. Por primera vez, se reconoce el concepto de “justicia energética”, para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable. Al revertir la reforma privatizadora de Peña Nieto, se busca desaparecer las 3 subsidiarias y 50 filiales dentro de Pemex y las 9 subsidiarias y 4 filiales de CFE que funcionan como empresas privadas.

También se definen las áreas de participación de la iniciativa privada y se reconoce su participación ordenada y transparente. Para consumo propio, se determina la generación distribuida, residencial y comercial, incrementando su capacidad de 0.5 a 0.7 megawatts sin requerir permiso; el autoconsumo aislado, que permite instalar una capacidad, ahora, de entre 0.7 y 20 megawatts, con un permiso expedito y sencillo.

Se podrá realizar contratos de producción de largo plazo con entrega de energía a la CFE, con la posibilidad de que al final los activos de estas plantas pasen a la Comisión. Se permitirá también la generación a través de inversión mixta, siempre manteniendo el 54 % de participación de la CFE, compartiendo, eso sí, riesgos y beneficios.

Se establecerá un régimen fiscal simplificado para Pemex, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad. Se rescata la industria petroquímica nacional, que también fue abandonada con la privatización, así como la producción de fertilizantes gratuitos, en beneficio de los agricultores más vulnerables.

Finalmente, con la extinción de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se fortalece la función de planeación, regulación, supervisión y conducción de la política energética en la Secretaría de Energía. Bajo la visión y el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se cierra un ciclo de resistencia y se consolida un proyecto de nación que refuerza el papel del Estado como garante de la justicia social y el bienestar de los mexicanos.