@ClauCorichi
#8M
A pesar de ser la mayoría de población en el país, sólo 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se encuentran laborando. El desigual e inequitativo mercado laboral relega a las mujeres a sectores con empleos precarios, bajos salarios y una menor representación en los puestos más elevados de la jerarquía ocupacional. Mientras que para los hombres la proporción es de 7 de cada 10. Más de la mitad de las mujeres (55%) laboran en condiciones de informalidad.
La política tributaria no es neutral al género puesto que, el tratamiento fiscal que recibimos las mujeres no considera un impacto diferenciado acorde con nuestras realidades socioeconómicas. Percibimos un salario menor que los hombres y menores beneficios por el mismo trabajo realizado aun con el mismo nivel de escolaridad. Se nos exige la misma aportación recaudatoria sin considerar el valor económico del trabajo no remunerado que realizamos equivalente al 24% del PIB nacional.
En cuanto al gasto de consumo, existe una marcada diferencia en el desembolso que realizamos mujeres y hombres, pues está comprobado que gastamos una mayor proporción de ingresos en los demás bienes, en alimentos, educación y atención médica para hijas e hijos. Estas circunstancias deben tomarse en cuenta para rediseñar el sistema tributario debido a que las cargas desiguales terminan afectando a las mujeres, ya que no tienen las mismas posibilidades económicas que los hombres.
Una política fiscal con perspectiva de género ayudaría a reducir la brecha económica entre mujeres y hombres y reconocer que somos agentes económicas clave, que detonamos la inversión, el crecimiento y la recuperación económica. A propósito de ello, la víspera fue presentado el reporte Tributación feminista: los casos de Argentina y México que examina de forma exhaustiva el actual marco tributario y las causas que generan bajísimos ingresos a las arcas nacionales, especialmente por la concentración extrema del ingreso.
Elaborado por Fundar, el interesantísimo informe señala que, como consecuencia de las deducciones, exenciones y otros tratamientos preferenciales para personas físicas y grandes empresas, México dejó de recaudar en 2023 un monto equivalente al costo estimado para financiar el Sistema Nacional de Cuidados (entre 1 y 1.4% del PIB, ni más ni menos). Este estudio es pionero porque analiza los ingresos y deducciones por género en el país y muestra que la brecha salarial está presente en todos los niveles.
También presenta un amplio apartado de recomendaciones para que el sistema fiscal impulse la autonomía económica de las mujeres y la recaudación de impuestos deje de ser tan injusta y contrarreste la desigualdad. Sostiene que, para tener un carácter verdaderamente redistributivo, la política tributaria debe reconocer la posición económica y social de las personas.
Propone y coincido con ello, una reforma fiscal progresiva con enfoque de género para reducir las brechas económicas entre mujeres y hombres, un objetivo que se alcanzaría a través de acciones que permitan financiar políticas y programas relacionados a las labores de cuidado y garanticen el acceso a derechos y el combate a la violencia de género. En esa aspiración un sistema de cuidados puede ser posible teniendo los recursos para hacerlo realidad.
