A seis meses de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y de un gobierno que continúa el legado lopezobradorista, el segundo piso de la Cuarta Transformación ha venido cumpliendo diferentes compromisos para asegurar el bienestar de la gente, el desarrollo de la economía nacional y la consecución de un futuro más próspero para todas y todos.

La justicia social, así como el reconocimiento de la educación, la salud y la vivienda como derechos constitucionales del pueblo y no privilegios de quienes pueden pagar por ellos, se institucionalizaron como instrumentos de un ejercicio de gobierno que prioriza a quienes históricamente han estado en la base de la pirámide social, excluidos del bienestar y las oportunidades.

Adicionalmente, como en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cero tolerancia a la corrupción y la política de austeridad también son prioridades de este administración. En el sexenio anterior se ahorraron 2 billones de pesos en el combate a la corrupción y, como el fin de semana pasado afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, “los recursos que antes se iban en corrupción y apoyo a unos cuántos, hoy regresan al pueblo” a través de los programas de apoyo, el nuevo fondo de pensiones para las personas trabajadoras, la construcción de vivienda adecuada y la infraestructura pública.

En pocos años, los programas de bienestar se convirtieron en un mecanismo para garantizar a las personas y sus familias el acceso universal a una vida digna. Entre 2019 y 2024, se invirtieron 2.73 billones de pesos en los programas de apoyo a personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores del campo, entre otros, favoreciendo a más de 30 millones de hogares. En 2025, se programaron 835 mil 700 millones de pesos del presupuesto federal para este propósito.

En materia económica, se han puesto en marcha diferentes proyectos estratégicos enmarcados en el Plan México, el cual reivindica la industria nacional y el desarrollo de los sectores estratégicos. Esto por medio de la inversión pública y privada; la construcción de polos de desarrollo en todo el país, entre ellos, el Plan Sonora de Energías Sostenibles, al igual que la inversión en infraestructura pública y social, que incluye la construcción de carreteras, escuelas y hospitales.

Así, este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su segunda visita a Sonora como titular del Ejecutivo federal, y el gobernador Alfonso Durazo dieron el banderazo de arranque a la obra del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en San Luis Río Colorado, y al proyecto de construcción y conservación de la carretera Bavispe – Janos – Nuevo Casas Grandes; obras que forman parte de los compromisos de la presidenta de la República con la entidad.

Con el Hospital General de Zona se ampliará la capacidad instalada del IMSS en la región, pues el número de personas derechohabientes del IMSS en el estado de Sonora aumentó a 127 mil (IMSS, 2025). Construido por la Secretaría de la Defensa Nacional, contará con 120 camas, 15 consultorios, especialidades médicas como inmunología, cardiología, cirugía maxilofacial, dermatología, oncología médica, oftalmología, urología, psiquiatría, entre otras, los servicios de resonancia magnética, tomografía mamografía, rayos x y una sala de hemodiálisis.

Esfuerzo que, sumando a la centralización de la política de salud con el modelo IMSS-Bienestar, se fortalecerá con la contratación de más personal de la salud, la compra de insumos hospitalarios y la estabilización del abasto de medicamentos; poner en marcha un hospital o una unidad médica no solo es construir un edificio, sino dotarlo de los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para su permanencia en el tiempo.

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyo legado a la salud pública fue de 317 unidades médicas inconclusas y su repercusión en la capacidad del Estado para hacer frente a situaciones críticas como el Covid-19, presumieron cifras artificiales en materia de atención. Por ejemplo, el Seguro Popular que, si bien aumentó el número de personas sin seguridad social afiliadas a ese programa, fue inversamente proporcional a la ampliación de la infraestructura hospitalaria; es decir, más personas inscritas, pero no más camas ni consultorios.

Por su parte, la carretera que va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes ampliará la vía de comunicación terrestre entre Sonora y Chihuahua en un recorrido de 1 hora 30 minutos, contribuyendo a la dinamización de la economía de la región y a la conectividad de miles de familias que viven en las dos entidades. El proyecto considera la conservación de 114 kilómetros de carretera y la construcción de 69 nuevos kilómetros, con una inversión pública de 1,859 millones de pesos y la generación de 17 mil 543 empleos.

Carretera que abona al tramo de Agua Prieta – Bavispe, que se concluyó durante el gobierno del expresidente López Obrador para conectar a varios municipios de la sierra a través de 135 kilómetros, reduciendo el tiempo de recorrido de 3 horas y media a poco más de 1 hora.