A la Sombra / Claudia Sheinbaum
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Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026
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El pronunciamiento regional conjunto respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había adelantado el sábado llegó ayer, aunque con la firma de cinco países de la región, más España. Sin una sola mención a Estados Unidos y menos a su presidente, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay reiteraron su rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el país caribeño, porque contravienen los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Lo que destacó fue el último de los cuatro puntos del pronunciamiento, publicado por los países firmantes en sus cuentas de X, excepto en el caso de México. En este, las seis naciones expresan su preocupación frente a cualquier “intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región“. Esto, en clara referencia al anuncio de Donald Trump, que más allá de un cambio de régimen abiertamente colocó a las vastas reservas petroleras venezolanas como una de sus prioridades.
En la acusación presentada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro, quien junto con su esposa comparecerá hoy ante un tribunal federal de Nueva York, reaparece un caso de alto impacto en México: el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Campeche, en abril de 2006, al final del sexenio de Vicente Fox. No solo fue uno de los mayores aseguramientos de esa droga, también exhibió el alcance geográfico de las rutas del narcotráfico. En aquella operación fue detenido Miguel Vicente Vázquez Guerra, de origen venezolano y uno de los pilotos del Cártel de Sinaloa sentenciado en 2018, pero también un “empleado de menor rango” según describió el Gobierno del entonces Distrito Federal, que, por supuesto, se deslindó de las actividades del auxiliar administrativo de archivo de la Secretaría de Finanzas.
El cuerpo del empresario jaliscience José Adrián Corona Radillo fue localizado el 29 de diciembre de 2025 en el municipio de Atenguillo, tras ser privado de su libertad dos días antes en el Crucero Volcanes. Este hombre de negocios lideraba un conglomerado familiar, Grupo Corona, propietario de marcas como Rancho Escondido, Tequila Don Armando y Dolce Amore. El homicidio de quien fuera una figura clave de la agroindustria en el occidente del país se suma a los casos que deberá investigar el fiscal del estado Salvador González de los Santos.
A la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, llegará este lunes la denuncia penal de las víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre y que hasta el momento ha dejado un saldo de 14 personas fallecidas. La firma Vega Mac Gregor Arellano, que acompaña a los denunciantes, adelanta que la acusación va contra las constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en el siniestro. Los afectados y su equipo legal presentarán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas y las fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la vía férrea a cargo de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. De C.V.
