La mañana del domingo 22 de febrero se desató un operativo del Estado mexicano en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, así como la de otros capos y sicarios

.A su vez, el enfrentamiento también resultó en bajas y heridos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional. Oficialmente, el operativo contó con la cooperación de los EU en materia de inteligencia, la entrada en funciones de la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Anticarteles creada por Trump

.Tan pronto como el operativo militar fue detectado por el cartel, éste activó una serie de ataques, principalmente a bancos gubernamentales, tiendas, plazas comerciales, así como el bloqueo de carreteras y caminos, incendiando autos y autobuses. La violencia desatada este domingo no se restringió al área en donde fue localizado Oseguera, sino que se extendió a la Ciudad de Guadalajara, la tercera en importancia del país, y a Puerto Vallarta, así como a otros 20 estados, principalmente Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán e Hidalgo; lo que provocó la paralización de muchas actividades laborales, educativas y de libre tránsito durante el domingo y lunes. Estas acciones son similares a las que llevó a cabo el Cartel de Sinaloa en octubre de 2019 cuando el Estado mexicano capturó a Ovidio Guzmán, conocidas como El Culiacanazo, que en ese momento llevó a negociar al entonces presidente López Obrador la liberación del capo a cambio del cese de la violencia.

Se trata de otro episodio de la ola de terror que vive el pueblo de México desde que iniciara la llamada Guerra contra el narco, hace ya casi 20 años, por el gobierno de Felipe Calderón, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, secuestros y desapariciones, campos de la muerte como Teuchitlán, fosas clandestinas, donde la mayor cuota de sufrimiento es para la clase obrera

:En primer lugar, que el narcotráfico en México nació, creció y se desarrolló bajo el auspicio de los EU. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, alentaron el cultivo de opiáceos en nuestro país para satisfacer sus necesidades militares, contando con el apoyo y la corrupción de políticos, militares y policías durante las décadas de gobiernos priistas. Durante décadas las agencias de inteligencia estadounidenses, principalmente la CIA y la DEA, convivieron, negociaron, armaron y apoyaron a diferentes carteles de la droga en Colombia y México. Esto formó parte de su cruzada anticomunista y contrainsurgente en el continente, principalmente durante el gobierno de Reagan, para obtener recursos adicionales en la lucha contra la insurgencia en Centroamérica y Colombia. No hay ningún indicio de intentos de EU para impedir que el narcotráfico fluya a raudales cruzando sus fronteras, inundando los mercados ilegales de estupefacientes.

En segundo lugar, el Estado mexicano está relacionado estrechamente al desarrollo del fenómeno del narcotráfico y los carteles, así como los sucesivos procesos de reorganización. En particular, está extensamente documentada la implicación del Ejército, las agencias contrainsurgentes y de inteligencia, como la extinta DFS y CISEN, así como los cuerpos policiales en sus tres niveles. Como ejemplo están los casos del general Gutiérrez Rebollo, de José Antonio Zorrilla, de Genaro García Luna o el cartel de los Zetas, formado por exmilitares de las tropas de élite. La gran masa de dinero ilícito inunda sin problemas los circuitos financieros, integrándose sin rubor en los mecanismos del capital en nuestro país, que los blanquea en agronegocios, industria inmobiliaria y de la construcción y también la vida política, donde ninguno de los partidos burgueses que han ejercido el Poder Ejecutivo se escapa de ello, y nos referimos concretamente al PRI, al PAN y también a Morena.

En tercer lugar, no puede olvidarse que los distintos carteles han sido usados como fuerza de choque contra el movimiento campesino e indígena de nuestro país. También, han sido utilizados por el Estado mexicano para el secuestro y desaparición del camarada Enrique López, miembro del CC del PCM, del asesinato de Raymundo Velazquez Flores, Samuel Vargas y Miguel Ángel Solano, dirigentes del PCM en Guerrero, pero también contra cientos de luchadores sociales.

El actual operativo se encuentra enmarcado por un conjunto de presiones corrosivas de la soberanía nacional establecidas en el segundo mandato de Trump, como el aumento de efectivos de distintas agencias norteamericanas en la frontera con México, los sobrevuelos de aeronaves y drones en costas y territorio mexicano; la extradición de prisioneros de cárceles mexicanas sin atenerse a los procedimientos judiciales, el hundimiento de barcazas en límites marítimos mexicanos.

Esto se intensificó con la proclamación por parte de la Administración de Trump de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, así como de la puesta en marcha de la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional de los EU. Sin embargo, es un pretexto hipócrita el de EU de combatir al narcotráfico, cuando al interior de su territorio no hay un combate a las grandes cadenas de distribución de la droga, ni de seguimiento del gran volumen de dinero que genera, cuando además hace acuerdos con el Cartel de Sinaloa a quienes pasa a integrar a la nómina de testigos protegidos. También en México, cuando la historia demuestra que cuando el Estado persigue a un cartel, lo hace para favorecer a otros, y que el doloroso caso de Ayotzinapa demostró el entrelazamiento entre fuerzas del orden y carteles del narco.

La espectacularidad del operativo descabeza al CJNG pero no lo desmantela ni elimina su fuerza militar y económica, ni la de otros carteles, lo que puede abrir nuevos ciclos de violencia que el pueblo padecerá. No pasamos por alto la diversidad de ramas de la economía en que se desdobla el narcotráfico, no solo delincuenciales como el trasiego y venta de drogas, extorsión, prostitución, tráfico de migrantes, cobro de piso sino el aumento de su presencia en la economía nacional, el control de caminos, de puertos, el huachicol petrolero, la importación de precursores para la producción del fentanilo, la exportación de acero. No hay manera de ocultar el entrelazamiento también con el aparato gubernamental, en todos los niveles, y como ya lo señalamos en todo partido burgués sin excepción.

El Partido Comunista de México considera como un cáncer al narcotráfico, es decir, la industria de las drogas, y una necesidad su erradicación. Pero tampoco nos hacemos ninguna ilusión que en los marcos del capitalismo ello sea posible, en tanto que le es inherente. Consideramos que la lucha contra el crimen debe ser independiente de EU, que no tiene intereses genuinos y, que en este momento, hace parte de la estrategia de Donald Trump para intentar un nuevo dominio regional en el contexto de sus rivalidades con China capitalista.