Ya se comentaba en días pasados que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había declarado improcedente el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el tope uniforme de 220 mil pesos para gastos de campaña de Ministros, Magistrados y Jueces. El día de ayer, el INE en una sesión acalorada aprobó topes diferenciados, al grado de llegar a señalar que será una campaña de ricos y pobres.

Los Consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Arturo Castillo y Jaime Rivera justificaron que votaban a favor por ser un acatamiento a la orden de la Sala Superior, pero estaban en desacuerdo con engrandecer los montos; ya que consideraron en términos generales que existiría inequidad, por decir, quien compita para ser Ministro no necesariamente podría llegar a tener un millón cuatrocientos mil pesos, quizá llegue a tener la mitad o menos.

Más allá de los topes de campaña, que, aunque aumentaron seguirán en la suspicacia de su origen y posibles apoyos externos; llama la atención el descontento entre miembros de los organismos electorales, no es la primera vez que ocurre en acatamiento de una sentencia del TEPJF, ayer por lo menos existieron dos frases que es pertinente citar.

Es incuestionable que difícilmente pueda conocerse la realidad política que prevalece en nuestro país, si prescindiéramos de la variable electoral, que es determinante para la definición del sistema político, si es un elemento de enorme significado, por estar íntimamente conectada con las cuestiones de poder, deben regir el respeto a las atribuciones de cada institución, que cuando están apegadas al orden jurídico, constituyen la mejor forma de legitimación del poder político, se esté de acuerdo o no.

No puede desconocerse, que la reforma judicial fue resultado de circunstancias por las que pasó el país, en un momento dado y se impuso determinada norma y sobre todo por la acción de los actores políticos involucrados en ese proceso y con posibilidades de poder para incidir en las decisiones a tomar.