El “evento ferroviario”, como lo calificó la Secretaría de Marina en el Istmo de Tehuantepec, dejó catorce personas muertas y decenas de heridos. El Tren Maya ya acumulaba tres descarrilamientos, pero ahora le tocó al Istmo. —Cambió el tramo, pero no el patrón—.

Diversas versiones han surgido sobre las causas de esta tragedia. Personas oriundas de la región comentan que no se explican por qué se colocaron durmientes de madera al final de una curva, a sabiendas de que no soportan el peso de una locomotora. Se suponía que la madera había sido retirada para colocar durmientes de concreto. Haiga sido como haiga sido, las muertes son irreparables.

Recuerdo que hace algunos años caminé por esas vías cuando aún estaban en rehabilitación. El principal problema en ese entonces era lograr que las comunidades indígenas colindantes con el tramo ferroviario permitieran la construcción. Hoy, el problema es el riesgo de abordar ese tren.

Sheinbaum anunció que habrá peritajes e investigación rigurosa por parte de la Fiscalía General de la República. Ofreció treinta mil pesos de apoyo a las familias damnificadas —por lo pronto—, y habló de una reparación integral del daño “si así lo deciden los familiares”. Es decir, si quieren. Como si fuera optativo el derecho a la justicia.

Los heridos reciben atención médica en hospitales del IMSS en Matías Romero, Juchitán, Salina Cruz e Ixtepec. Espero que esta no sea la reparación del daño a la que se refiere la Presidenta, porque entonces el gobierno tendría que desembolsar otros treinta mil pesos por cada fallecido más, considerando la deficiente calidad del servicio de salud que enfrenta el país. No sólo sufrieron heridas a causa de este descarrilamiento, sino que se les “revictimiza” en estos centros de salud.

Para evitarse mayores problemas, quizá el veredicto termine siendo que el conductor iba a exceso de velocidad y que por eso ocurrió el accidente. Siempre se culpa a una sola persona —la más desprotegida— para ocultar los daños estructurales y los vicios de origen en la construcción. ¿Será otro caso más de impunidad?

No fue un accidente aislado lo que ocurrió. Tampoco una falla imprevisible. Fue el resultado de una cadena de omisiones administrativas maquilladas. Lo mismo sucedió con la Línea 12 del Metro: deficiencias disfrazadas de modernización.

Cuando un Estado normaliza la tragedia, culpa a una persona antes que asumir su responsabilidad y reduce la vida humana a un monto económico, el accidente deja de ser ferroviario y se convierte en otra evidencia más del fracaso moral del poder.