La pobreza estructural no requiere de transferencias económicas, sino de servicios básicos de educación, salud y agua, para empezar. Los apoyos sociales sí reducen la desigualdad e impactan inmediatamente; lo otro toma mucho tiempo. Por eso, pocos le entran.

Está bien que haya redistribución y que las personas reciban apoyo directo “sin intermediarios”, sobre todo porque puede marcar la diferencia entre comer y no comer para millones. Pero no atender la carencia de servicios básicos para vivir y pretender que con eso se acabará la pobreza es un puñetazo en la cara.

Es tremendamente contradictorio que una madre que recibe el apoyo mensual vaya al hospital (si consigue cita) y gaste más de lo que le depositan en medicamentos. Un joven estudiante puede recibir una beca, pero cuando llega a la escuela no hay infraestructura mínima necesaria para recibir clases, no hay seguridad, los docentes son pésimos y, cuando va al baño, no hay agua —y menos para tomar—.

No significa eliminar los programas sociales —porque hasta Xóchitl los usó como marketing en las pasadas elecciones—, sino repensarlos. Que sean un puente, no un destino. Que sean un acompañamiento a políticas públicas de fondo orientadas a fortalecer los servicios básicos. De no ser así, seguiremos intentando curar un cáncer en fase terminal con una aspirina —si es que todavía quedan en las farmacias—.

La justicia social no se fortalece repartiendo dinero, sino asegurando derechos. Con el documento que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para señalar la crisis de desapariciones, hubo un fuerte recordatorio de la impunidad —que en México es de casi 98%—, así como de las deficiencias en las investigaciones.

Un primer paso, como en AA, es aceptar que se tiene un problema. Cuando los programas sociales se convierten en la respuesta principal —y no complementaria— a los problemas estructurales, surge la pregunta: ¿qué tan efectivos son si lo básico no está garantizado?