Por: Thali Kleinfinger
El inicio del juicio por el asesinato del defensor indígena amazónico Quinto Inuma Alvarado, en Perú, es una excepción en una región donde la violencia contra quienes defienden el territorio suele quedar impune.
Inuma denunció tala ilegal, recibió amenazas y contaba con medidas de protección que nunca se ejecutaron; su asesinato no fue un hecho aislado sino el desenlace de una paz ausente mucho antes del disparo.
Desde la perspectiva de la paz positiva, la violencia no comienza con el homicidio, sino con la negación sistemática de condiciones mínimas de seguridad, justicia y dignidad. Así, cuando el Estado falla en proteger a quienes defienden bienes comunes, ya sean bosques, ríos o territorios, la violencia se vuelve estructural y la paz se vacía de contenido.
La experiencia latinoamericana confirma este patrón. El asesinato de Berta Cáceres en Honduras evidenció cómo los proyectos extractivos y de infraestructura, cuando avanzan sin consultas ni garantías, convierten a las personas defensoras en objetivos, por eso, la violencia contra defensores ambientales no es un accidente: es parte de un modelo que prioriza la explotación de recursos sobre la vida comunitaria.
México tampoco es ajeno a esta realidad, los casos de Guadalupe Campanur Tapia, defensora purépecha del bosque de Cherán; Julián Carrillo, líder rarámuri y Óscar Eyraud Adams, activista kumiai por el derecho al agua, muestran cómo la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo, ya que en muchos de estos asesinatos existían amenazas previas y fallas reiteradas de los mecanismos estatales de protección.
A ello se suma un patrón persistente: investigaciones inconclusas, responsabilidades diluidas y comunidades que quedan expuestas tras el asesinato de sus liderazgos, porque la violencia no termina con la muerte del defensor, esta continúa en el debilitamiento organizativo, el miedo colectivo y la ruptura de los procesos comunitarios de cuidado del territorio.
Estos crímenes ocurren en contextos de disputa por tierra, agua y recursos naturales, agravados por el cambio climático y por la presión sobre territorios indígenas y rurales. La impunidad no solo elimina a una persona; envía un mensaje disciplinador a comunidades enteras y debilita la cohesión social.
Hablar de paz positiva en este escenario implica asumir una responsabilidad política porque proteger a las personas defensoras no es una concesión ni un acto simbólico, es una condición indispensable para cualquier política climática, ambiental o de desarrollo que aspire a ser sostenible. Sin justicia, sin protección efectiva y sin garantías para defender la vida y el territorio la paz no se construye, simplemente se posterga, hasta que otro nombre se sume a la lista…
