El día después en Venezuela
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por Natalia M. Pérez
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Ciudad de Mexico, 9 de marzo de 2026
por Natalia M. Pérez
Cuando la justicia llega sin un proceso legítimo, suele presentarse como una solución definitiva: un momento de quiebre que promete cerrar ciclos, poner fin a la impunidad, marcar un antes y un después. Se le presenta como castigo inmediato, y no como un camino institucional que busque ordenar, reparar y prevenir.
Porque, en contextos de autoritarismo y conflicto, la forma en que ocurre un hecho importa tanto como el hecho en sí. Es por ello que las soluciones expeditas solo generan un alivio momentáneo, permitiendo que se creen situaciones en las que la excepción sustituye al proceso y la fuerza reemplaza a la justicia.
La captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de Donald Trump puede generar alivio inmediato, e incluso esperanza. Pero la historia reciente demuestra que la paz no se construye en el instante del desenlace, sino en el día después. Ese día, menos visible y mucho más complejo, es donde realmente se juega la posibilidad de una justicia que perdure.
Venezuela entra ahora en su etapa más difícil: la disyuntiva. Porque, sin un proceso deliberado de construcción de paz, el riesgo es que la justicia se reduzca a un cambio de actores, dejando intactas las heridas sociales, la desconfianza y la fragmentación.
Construir paz no significa renunciar a la rendición de cuentas. Por el contrario, significa entender que la justicia duradera requiere de algo más que castigo; requiere verdad, reparación y garantías de no repetición. Requiere instituciones capaces de procesar el pasado sin reabrir la violencia, y una sociedad civil con espacio para participar, vigilar y reconstruir el tejido social. Instituciones de los venezolanos para los venezolanos.
Pero experiencia pasada ha demostrado que las soluciones impuestas desde fuera, particularmente por Estados Unidos, no derivan en una paz sostenible o en una justicia duradera. Estos procesos priorizan intereses geopolíticos externos por encima de las necesidades de las sociedades afectadas, debilitando la legitimidad interna y profundizando la dependencia.
En el caso venezolano, el reto será evitar que la transición responda a agendas ajenas y asegurar que cualquier proceso político esté orientado a una democracia real y efectiva para los venezolanos. Pero, con la complejidad institucional y de poder del país, esta transición se dificulta aún más; por lo que el rol de la sociedad civil venezolana será esencial, exigiendo de una transición democrática real y no simplemente la imposición de una nueva forma de control. Solo así será posible que la justicia eche raíces que sostengan un futuro distinto para los venezolanos.
