por Jaime Hernández Colorado
En el escenario de violencia e inseguridad pública que ha vivido México desde hace varios años, las condiciones para la exigencia, promoción y garantía de los derechos humanos se han ido reduciendo, debido a amenazas que se pueden agrupar en dos vertientes.
Director General de Nosotrxs
@jhcolorado
Las condiciones de violencia e inseguridad que suceden en México, desde hace al menos tres lustros, pueden entenderse como una expresión tangible de la debilidad del Estado de derecho en algunas regiones del país y, a la vez, como la expresión de la incapacidad del Estado por garantizar los derechos. Conforme a esta lógica, se han alterado ámbitos diversos de la vida pública. Uno de ellos ha sido el espacio cívico.
El espacio cívico “es el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. En particular, el espacio cívico permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar desacuerdo y unirse para expresar opiniones”.
Por una parte, la debilidad del Estado tiene que ver con la prevalencia de esas condiciones violentas, sobre las cuales hay datos y análisis suficientes. Es decir, en un escenario nacional en el cual la inseguridad es la principal preocupación de las personas, se han configurado las condiciones de la primera de las vertientes de amenaza que penden sobre el espacio cívico en el país. Esta vertiente se puede caracterizar como la de aquellas amenazas que, siendo ajenas al Estado y a sus instituciones, tienen incidencia negativa sobre las condiciones en las que deberían ejercerse y garantizarse los derechos de todas las personas.
La segunda vertiente en la que se pueden agrupar las amenazas hacia el espacio cívico en México tiene que ver con los agentes del Estado. Las acciones que inhiben la participación ciudadana desde la sociedad civil organizada y cuyo origen se puede ubicar en las agencias del Estado van desde el discurso contrario al trabajo de las organizaciones de sociedad civil, pasando por regulación excesiva y hostilidad burocrática y llegan hasta amenazas a la integridad física y la violencia (fatal o no).
Estos fenómenos no son nuevos ni poco frecuentes en el mundo, pues la respuesta de Estados con democracias poco consolidadas suele dirigirse a “limitar la operación de la sociedad civil, estableciendo cuáles de sus actividades son adecuadas y cuáles no. Esto sucede mediante diferentes vías: con discursos y campañas, con regulaciones legales limitando las materias en las que pueden trabajar las organizaciones de sociedad civil, pero también cancelando los fondos públicos dirigidos a la sociedad civil organizada cuyo trabajo es incómodo para el gobierno, focalizando la vigilancia excesiva en las actividades de las organizaciones que son identificadas como ‘desleales’ o, por otro lado, apoyando las actividades de organizaciones que no son críticas del gobierno”, en oposición a relegar a aquellas que sí lo son.
Las amenazas de distinto tipo que sufren las personas que trabajan desde sociedad civil para la exigencia y promoción de los derechos, resultado de esa debilidad del Estado, han derivado en una contracción del espacio cívico en México. Ahora bien, esa reducción no sólo no es deseable, sino es una muy mala noticia, pues tiene la capacidad de detener y retrotraer el proceso de consolidación democrática en el que todavía está inmerso el país.
