Las nuevas modalidades de manipulación y fraude que trascendieron en el camino a la elección para jueces, magistrados y ministros de este domingo ilustran a la perfección el trasfondo y el impulso antidemocráticos de todo el proceso. 

Tal como lo ha sido desde la iniciativa de reforma al Poder Judicial que está detrás, impulsada por el Gobierno federal anterior, casi como obsesión unipersonal, consumada en septiembre de 2024, como una especie de regalo, gracias a una mayoría calificada artificial en el Legislativo.

Artificial tanto por lo que para muchos juristas fue un fraude a la Constitución, a causa del número de legisladores que fueron adjudicados al oficialismo, como por las prácticas que, puede inferirse, acabaron por “doblar” a legisladores de partidos de oposición a fin de lograr los pocos votos que aún faltaban.

Ese carácter antidemocrático es el mismo, con otras formas, que ha sido reportado por medios de comunicación de prácticas vergonzosas para una nación que se identifica como democrática.

Para “acarrear” votantes a las urnas a fin de que un proceso que no interesa para nada a la ciudadanía tenga un barniz de presunta legitimidad democrática, buscando un abstencionismo menos apabullante que el que es de esperar.

Peor aún, para manipular el voto para asegurar que candidatos afines al oficialismo y a gobiernos locales, y potencialmente también a grupos caciquiles o criminales, ganen sus correspondientes elecciones. Para eso se repartieron “acordeones” con los números de los candidatos a elegir, como los de las trampas escolares para exámenes. 

¿Cuánta autonomía pueden tener los juzgadores que ganen con ese “apoyo”?

Por eso, confirmo que, en mi opinión, quien crea en la democracia efectiva, que necesariamente incluye la división de poderes y contrapesos al poder político, debe pensar muy bien si debe acudir a votar, con el riesgo de, con ello, convalidar un proceso así de contrahecho y de tan claro perfil antidemocrático. 

Quienes creemos en que la democracia, más allá del populismo electoral, requiere de independencia e imparcialidad en la función judicial, factor fundamental para la libertad y la vigencia de los derechos humanos, debemos ver a estas elecciones por lo que son en realidad. 

No por lo que se ha tratado de vender. Sin éxito, porque hasta el propio INE ha señalado que estima una participación de entre 13 y 20 por ciento, similar a la que sumó la consulta de revocación de mandato, en 2022. Otra farsa, aunque con consecuencias mucho menos dañinas que las que están asociadas a ésta.

Efectivamente, este ejercicio está concebido no para profesionalizar y fortalecer a la función judicial, y con ello al Estado de derecho, sino para politizarla. La justicia por popularidad, demagogia o mandato desde el poder, y no de la verdad. 

Difícilmente será distinto si el impulso originario no viene de un interés genuino por el profesionalismo y la imparcialidad judicial, sino para fortalecer la discrecionalidad, los intereses y las creencias de una expresión política en el poder.    

Además, los casos de manipulación con “acordeones” o de promoción de voto corporativo en el magisterio sindicalizado hacen patente el diseño incoherente y defectuoso de la reforma y las elecciones. 

Los ciudadanos que decidan, de buena fe, votar, tendrán que enfrentarse a boletas barrocas por el exceso, con docenas de nombres para varias elecciones. Seis boletas distintas, 881 cargos en juego.

Sin que haya habido preparación nacional a la altura para que la ciudadanía se involucre como es debido: por un voto informado. Muy pocos entienden siquiera qué hace un magistrado o un juez de distrito o circuito.

Así, estas elecciones difícilmente podrán encubrir, aquí y en el exterior, que estamos ante una escalada antidemocrática. 

¿Qué dice de nuestra democracia leer en la prensa que “Servidores de la Nación”, quienes recorren colonias para inscribir a personas a apoyos gubernamentales, o funcionarios de gobiernos estatales, estén impulsando el voto o a candidatos favoritos del oficialismo local o nacional?

¿Con todo esto y una participación de 20%, si funciona el acarreo, puede tomarse en serio lo que se calificó como mandato popular urgente?

Una semana antes de las elecciones, según encuesta encargada por El País y W Radio, menos de la mitad de la población podía citar la fecha exacta de los comicios y el 77% no había oído mencionar siquiera a los candidatos presentados.

No nos prestemos a dar un falso barniz de legitimidad a un proceso así de antidemocrático.

Para pensarlo mejor, muy recomendable el excelente artículo que escribió en Nexos Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 10 razones por las que no votará.