Las campañas para la jefatura de gobierno de la CDMX iniciaron el 1 de marzo, mientras que las de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad comenzarán el 31 de marzo. Todas deben concluir el 29 de mayo para abrir un periodo conocido como “veda electoral” en el cual está prohibido continuar con la propaganda política para que la ciudadanía pueda reflexionar en libertad y sin presión el sentido de su voto el próximo 2 de junio.

Las campañas electorales están pensadas idealmente para que las candidaturas y partidos presenten propuestas de gobierno a la ciudadanía y contrasten ideas. Para que las campañas puedan darse en condiciones de equidad, está prohibido usar recursos públicos para inducir o coaccionar el voto de la ciudadanía, usar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno, e incluso aprovecharse de la propaganda gubernamental en los medios de comunicación social.

En ningún caso, los beneficios de programas y acciones sociales se entregarán en eventos masivos o en modalidades cuyo fin sea afectar la equidad; si se trata de productos en especie no podrán contener logos, frases, colores o imágenes identificadas con una persona u opción política, y tendrán la conocida frase: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. Las autoridades tampoco pueden crear nuevos programas sociales para repartir recursos públicos durante las campañas, porque podrían manipular la voluntad ciudadana. Los recursos públicos son de todo el Estado mexicano, no pertenecen a un solo grupo político ni a un partido, por lo tanto, no pueden condicionarse.

En las campañas de 2024 tendremos 2,333 candidaturas locales registradas para la capital del país, de las cuales 2 compiten sin partido: una para la alcaldía Iztacalco y otra para la diputación del distrito electoral local 21 en Iztapalapa. Todas ellas deberán apegarse a la normativa legal y en caso de incumplir, se abrirá un procedimiento sancionador para investigar los alcances y repercusiones que, en su caso, afecten el voto libre.