Implica hasta 9 años de prisión e inhabilitación; incluye a legisladores
Redacción El Sol de México
Bertha Becerra / El Sol de México
“Particularmente al momento en que una autoridad omite o se rehúsa a cumplimentar un mandato judicial, 'en tiempo y forma', atentando contra el Estado de Derecho y las instituciones”, precisó.
Ciudad de México.- El Senado de la República analiza una reforma que establece hasta 9 años de cárcel e inhabilitación a cualquier servidor público, incluidos legisladores federales y estatales, que incumplan sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El senador priísta por Jalisco, Arturo Zamora Jiménez presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque, dijo, “en materia de responsabilidades de los servidores públicos, existe un vacío que deriva en excesos ocasionales que impiden la materialización de la justicia, cuando funcionarios de todos los niveles se niegan a acatar fallos de Tribunales federales”.
Comentó además el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República que las reformas citadas plantean sanciones cuando una autoridad responsable, incumpla u omita cumplir a cabalidad con una sentencia diversa a la del juicio de Amparo, emitida por Tribunales federales.
También propone que al que cometa el delito de "abuso de autoridad, al no acatar una resolución de Tribunales", se le impondrán de dos a 9 años de prisión y de setenta hasta 400 días multa y destitución e inhabilitación de dos a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Además, obliga esta reforma a todos los servidores públicos a cumplir en tiempo y forma las resoluciones de los Tribunales federales, conforme lo establecen los artículos 99, 105 y 107 Constitucionales y sus leyes reglamentarias.
Dicho cumplimiento también es para legisladores y funcionarios federales, estatales y municipales que no acaten sentencias en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que no fueron determinadas en la Constitución o en la Legislación secundaria.
