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En Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, seguirán las marchas y bloqueos durante la presente semana, lo anterior derivado de los hechos de inseguridad que han tenido lugar en últimos días como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo. Aseguran que los ciudadanos inconformes con la estrategia de seguridad incluso planean arribar a la Ciudad de México para exigir en Palacio Nacional y en las instancias de seguridad que se refuercen las acciones para combatir al crimen organizado que tiene prácticamente tomada la entidad.
Morelia estalló por segundo día consecutivo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: contingentes estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto Tecnológico de Morelia tomaron las calles este lunes 3 de noviembre para exigir la revocación de mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y, al llegar a Palacio de Gobierno, chocaron con la Guardia Civil de Michoacán y policías antimotines. Las vallas cayeron, hubo repliegues con gas lacrimógeno y balas de goma, negocios cerrados y turistas y habitantes lesionados, mientras en coro se escuchaba “Bedolla asesino” y “Claudia, tú mataste a Carlos Manzo”. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reportó ocho detenidos por los disturbios del domingo (tres mujeres y cinco hombres) y el mandatario afirmó que las marchas son legítimas, pero advirtió que no permitirán la violencia.
Perú rompió relaciones diplomáticas con México este 3 de noviembre, tras la apertura del proceso de asilo a Betssy Chávez —ex primera ministra y presunta coautora del intento de disolver el Congreso en 2022—; el canciller peruano Hugo de Zela calificó la decisión mexicana como un “acto inamistoso” y aseguró que Chávez “está siendo asilada” en la residencia de la embajada de México en Lima. La ruptura llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera el viernes que el caso de Pedro Castillo “sienta un grave precedente de persecución política”, mientras la fiscalía peruana solicita hasta 25 años de prisión para Chávez, liberada en septiembre tras permanecer presa desde junio de 2023 y cuyo abogado afirma desconocer su paradero.
Algo extraño está pasando en la Fiscalía del estado de Puebla, de Idamis Pastor, porque repentinamente se han iniciado sendas carpetas de investigación que derivaron ya en órdenes de aprehensión contra políticos y empresarios, a los que se les acusa lo mismo por delincuencia organizada, delitos fiscales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otros más sin que se les haya probado la comisión de esos delito, sino presuntamente con fines de extorsión. La pregunta que se hacen algunos es si las supuestas investigaciones tienen visto bueno del gobernador Alejandro Armenta o si son producto de un grupo al interior de la FGE. Por cierto, dicen por aquellas tierras que por ese asunto ya fueron separados de su cargo tres integrantes de la fiscalía.
Cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad del Gobierno de México, señalando que hoy más que nunca “debemos estar unidos y respaldar con determinación la estrategia de seguridad de nuestra Presidenta” que prioriza el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, las labores de inteligencia y la atención a las causas estructurales de la violencia. Importante escuchar una voz sensata en medio de especulaciones que sólo buscan lucrar con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Lo importante es continuar el combate a la inseguridad, que es la principal demanda de la población.
El Gobierno de la Ciudad de México desplegó brigadas en los 36 Centros de Transferencia Modal (Cetram) para fijar las nuevas tarifas en microbuses, rutas y corredores. Desde la próxima semana, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) multará con entre 5 mil y 60 mil pesos a concesionarios que cobren de más u oculten los precios, en operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que además exigirán retirar vidrios polarizados y corregir fallas mecánicas. El ajuste no aplica al Metro, Metrobús, Trolebús ni Tren Ligero.
