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Antes de hablar de agravios institucionales, convendría revisar antecedentes, incluidas las redes sociales, y recordar que se trató de una de las universidades más observadas por la ASF. La autonomía no puede convertirse en un escudo frente a la falta de transparencia.
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Encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, el colectivo Somos MX, que busca convertirse en partido político rumbo a las elecciones intermedias de 2027, acierta al incorporar en su propuesta de reforma electoral un señalamiento explícito: la democracia mexicana debe blindarse frente al dinero del crimen organizado. Por ello plantea que el INE cancele el registro a los partidos que se beneficien de recursos ilícitos.
El problema es lo que el documento presentado ayer no dice. No se explica cómo detectar ese dinero en un sistema de fiscalización que ha mostrado límites evidentes, ni se detallan mecanismos de inteligencia financiera o coordinación con fiscalías. La propuesta apuesta a sanciones ejemplares, pero omite fortalecer la capacidad para acreditarlas. Sin instrumentos claros, el riesgo es que la injerencia del financiamiento criminal siga siendo un diagnóstico recurrente.
Conforme aumenta el número de presos mexicanos trasladados a Estados Unidos, crece también la preocupación entre integrantes del Senado por la forma en que estos líderes y operadores del crimen organizado han sido entregados al gobierno de Donald Trump: sin un proceso formal de extradición y sin garantías plenas de derechos fundamentales, como la asistencia consular.
En tres entregas suman ya 92 operadores. Ayer, al cumplirse el primer año de Trump como presidente, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la entrega de 37 internos más, bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicite la pena de muerte. Los traslados forman parte de los acuerdos de cooperación bilateral para aliviar la presión sobre México en el combate al narcotráfico, aunque abren un debate sensible sobre legalidad, soberanía y debido proceso.
Antes de que concluya el primer mes del año, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, entregará el documento con los resultados de las consultas públicas que se tomarán en cuenta en la revisión del T-MEC. De acuerdo con fuentes cercanas, el informe será presentado en las próximas dos semanas tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al Senado de la República.
Aunque no hay una fecha precisa, el documento se encuentra en su etapa final. En las consultas, iniciadas el 17 de septiembre, participaron representantes empresariales, cámaras industriales, universidades y autoridades locales; además, se recibieron más de dos mil cuestionarios estatales y cerca de 500 de empresas privadas y organismos sectoriales. Ebrard habla de un método inédito frente a la opacidad del antiguo Cuarto de Junto, pero el verdadero examen será uno solo: la mesa de negociación con Washington.
Hoy se invoca la vulneración de la autonomía universitaria para defender al ex rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud, cuando hace un año nadie salió a desmentir las irregularidades por más de 225 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2023. En Campeche era un secreto a voces la opacidad de su administración, reflejada también en su trato hostil hacia la prensa cuando las preguntas resultaban incómodas.
