El gobierno federal pretende controlar el precio de la gasolina Magna para beneficiar a la economía de las personas más pobres, pero acabará consiguiendo exactamente lo contrario. El costo será reducir los ingresos públicos para la salud, educación o seguridad pública.

Según el acuerdo, Pemex instrumentará un precio mayorista nacional para la gasolina regular para su venta a las terminales de almacenamiento y distribución. Esto implica que Pemex deberá contener sus precios o incluso disminuirlos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda aplicará cuotas disminuidas en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles. Esta última medida sin duda tendrá un impacto fiscal.

Por su parte, se acordará con los gasolineros que su precio de venta no supere en más de dos pesos al precio de mayoreo. La adición a estos acuerdos será de carácter voluntario. No obstante, se reforzarán las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), lo cual podría servir como un mecanismo de presión para sumarse al acuerdo. Esto es harina de otro costal.

En primer lugar, la garantía de un precio mayorista o reducido por parte de Pemex agudizará las pérdidas de la petrolera. Sólo en 2024 Pemex reportó pérdidas por 620 mil millones de pesos (mmdp) 3.1 veces más grandes que las reportadas al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esa merma fue superior a todo el presupuesto de la Secretaría del Bienestar.

De 2019 a 2024, esas pérdidas sumaron 1.8 billones de pesos, el doble del gasto sexenal de la Secretaría de Salud. Así lo evidenciamos en la serie de publicaciones en Números de Erario tituladas “LECCIONES DEL SEXENIO. Desafíos fiscales para Sheinbaum, la herencia de AMLO”, un análisis de México Evalúa.

Actualmente, uno de los problemas de la petrolera es que Pemex pierde cada vez que produce gasolinas porque su precio de venta no es lo suficientemente alto para cubrir sus deficientes costos de refinación. De hecho, durante todo el sexenio pasado, Pemex perdió dinero por refinar gasolinas.

Esto recae en la filial Pemex Transformación Industrial (TRI), que es la encargada de la producción de gasolinas y diésel. Ésta tuvo pérdidas de 585.8 mmdp sólo en 2024, 8.6 veces más que en los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018. Por entonces, los ingresos superaban en 2% a los costos, siendo que en 2014 los ingresos fueron 14% inferiores a los costos.

Sí Pemex se compromete a no incrementar los precios, perderá aún más por operar, y el Gobierno tendrá que darle aún más apoyos para mantenerla a flote. Hay que recordar que la petrolera recibió 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales a lo largo del sexenio pasado y lejos de mejorar su situación financiera, la empeoró. Estos 2.2 billones equivalen a todo lo que se gastó en el sexenio en salud para las personas sin seguridad social.

Si en realidad se quiere reducir el precio de los combustibles, no queda otra opción que producir más, condición que se ha cumplido a medias. En 2024, Pemex TRI produjo en promedio 290 miles de barriles diarios (mbd) de gasolinas, superior a los 207 mbd de 2018, pero inferior al máximo de 437 mbd logrado en 2013. En otras palabras, por cada mil habitantes, Pemex producía 3.7 barriles en 2013 pero sólo 2.2 en 2024. Si no hay más oferta de combustibles por habitante, no pueden disminuir los precios al consumidor final.

Por último, la política de estímulos al cobro del IEPS a gasolinas también tendrá un alto costo. Según datos de la Secretaría de Hacienda, durante el sexenio de López Obrador, estos perdones al cobro del IEPS tuvieron un costo de 894 mmdp, dos veces el valor reportado por la construcción de la refinería de Dos Bocas hasta 2024 (399 mmdp). Además, hay que mencionar que este tipo de estímulos benefician más a las personas de mayores ingresos, porque son las que consumen más combustibles.

El mayor problema, sin embargo, es que estas pérdidas fiscales limitan el financiamiento de derechos y servicios a la población. En la administración pasada el Gobierno gastó en promedio 107 pesos por persona menos en Estado de derecho, frente al mandato de Peña Nieto. El gasto en salud para las personas sin seguridad social se redujo en 501 pesos por persona y el financiamiento a la educación bajó en 620 pesos por persona.

Querer apoyar a la economía popular con controles de precios a los combustibles es literalmente querer apagar el fuego con gasolina. El Estado pierde multimillonarios recursos que podrían canalizarse a programas que verdaderamente benefician a las personas más pobres, como la salud, educación, seguridad o infraestructura.