por Gricha Raether
Estudiante del Doctorado en Seguridad Internacional
El 20 de enero de 2025, el mismo día de su inauguración, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo y a La Nueva Familia Michoacana. Este cambio en la política estadounidense en cuanto a su trato del crimen organizado y a los cárteles marcó un parteaguas en la relación bilateral y la colaboración en temas de seguridad.
Esta designación refleja además una profunda asimetría entre ambos países. Mientras que Estados Unidos reconoce formalmente la existencia de grupos terroristas operando en territorio mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la posición opuesta de que en nuestro territorio no hay actividad terrorista. Esto limita el marco legal y regulatorio a mecanismos preventivos contra el lavado de dinero. Esta diferencia conceptual deja a empresas mexicanas en una posición de desamparo. Aunque el Estado mexicano no reconozca a los cárteles como grupos terroristas, las compañías que operan en México y que además tienen relaciones comerciales con empresas en los Estados Unidos, sí están sujetas a la observación del gobierno estadounidense y, por lo tanto, a posibles sanciones si se descubre que, directa o indirectamente, han financiado o colaborado con actividades vinculadas a los cárteles, ahora organizaciones terroristas, aun sin conocimiento de causa.
El impacto de esta nueva designación va mucho más allá del ámbito político o diplomático. En lo que al mundo empresarial se refiere, implica un endurecimiento sin precedentes en la supervisión de operaciones financieras, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Las empresas mexicanas deberán demostrar con documentación exhaustiva que al menos hicieron un esfuerzo razonable de investigar quiénes son sus clientes, proveedores, intermediarios y socios. El costo de cumplir con esta trazabilidad aumentará considerablemente, ya que no basta con verificar que las operaciones sean legales o que los fondos provengan de fuentes aparentemente legítimas. Ahora será necesario garantizar hasta donde sea posible que no existe ningún vínculo, directo o indirecto, con individuos o entidades relacionadas con los cárteles designados.
Esto presenta un desafío monumental, porque los cárteles en México han infiltrado prácticamente a todos los sectores formales e informales de la economía: transporte, agricultura, construcción, comercio, minería e incluso servicios financieros. La línea entre la economía lícita e ilícita es cada vez más difusa y esto hace prácticamente imposible identificar si un proveedor o cliente tiene nexos, intereses, participación o relación con organizaciones terroristas. Las empresas enfrentarán, además, la necesidad de contratar servicios de cumplimiento especializados, llevar a cabo auditorías externas, y aún más análisis de riesgo transaccional con costos adicionales que impactarán sus finanzas y competitividad.
La presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos por la crisis del fentanilo se traduce en una doble carga: por un lado, las regulaciones nacionales en materia de prevención de lavado de dinero, y por el otro, las exigencias internacionales derivadas de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esto altera de manera importante la estructura operativa y de costos de gran parte del sector productivo mexicano y obliga a un proceso de depuración sin precedentes.
La economía mexicana, ya sujeta a una amplia vigilancia financiera derivada de compartir 3,000 km de frontera con el hegemón hemisférico, se verá ahora forzada a operar bajo un régimen de sospecha continua, donde la prioridad ya no será solamente la eficiencia económica sino la supervivencia regulatoria impuesta por el vecino del norte. Nuestro país enfrenta no solo un reto de seguridad nacional, sino también un desafío estructural que redefine la manera en que se llevan los negocios en México. En este nuevo entorno, la confianza, tanto dentro del sistema financiero como entre socios comerciales, se convierte en el recurso más escaso y el más valioso.
